Líderes sociales piden al Estado garantías de seguridad

Activistas y dirigentes comunitarios señalaron que no se sienten seguros y piden a las autoridades medidas para enfrentar a grupos armados que, señalan, actuarían incluso en complicidad de agentes del Estado.

El día que su nombre apareció en un panfleto amenazante y firmado por grupos autodenominados de limpieza social, Carlos Ruiz pensó que para evitar que se cumpliera la sentencia de muerte escrita, tenía que dejar abandonando todo lo que tenía.

"A pesar de no haber perdido la vida, nosotros también nos hemos convertido en víctimas y vivimos con angustia y con zozobra, esperando que no vaya a ocurrirnos nada", dijo el representante de las comunidades LGBTI.

Y es que como lo señaló María del Carmen Mayussa, líder sindical, el ser un defensor de derechos o dirigente comunitario, ya ha sido suficiente para ser ubicado en la mira de los grupos al margen de la ley.

"Nosotros hemos venido sufriendo la arremetida de los grupos ilegales y por lo tanto hemos visto cómo se ha incrementado la violencia contra líderes sociales, contra los dirigentes cívicos y populares", indicó.

Los líderes sociales como Gabriel Becerra de la Unión Patriótica, indicaron que con los asesinatos recientes en varias regiones del país, es probable que ahora los hijos de dirigentes hayan sido puestos como objetivos.

Estaría atacando "a los herederos de una serie de sectores políticos, familias comprometidas con la izquierda y con las luchas sociales; yo creo que no hay que descartar ninguna hipótesis".

Por eso, luego de pasar de defensores y representantes comunitarios y sociales a víctimas de amenazas, han pedido garantías al Estado.

"Estamos haciendo un llamado al Gobierno nacional para que detenga esa oleada de asesinatos a las organizaciones, políticas, sociales y sindicales en todo el país", puntualizó Mayussa.

De acuerdo con organismos como la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de ONU en Colombia, durante los últimos meses se han documentado 65 asesinatos de líderes sociales en el país. Las víctimas eran, en su mayoría, opositores a la minería ilegal.