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Abren proceso fiscal por violación de normas de sismo resistencia en edificio del acueducto de Santander

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $2.838, tras irregularidades en la construcción del edificio administrativo de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. (EMPAS) y el incumplimiento de normas de sismo resistencia.


La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $2.838, tras irregularidades en la construcción del edificio administrativo de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. (EMPAS) y el incumplimiento de normas de sismo resistencia.


"La obra presentó irregularidades técnicas en su parte estructural, al incumplir la norma de sismo resistencia de 2010, así como la norma urbana 14-051NU, establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bucaramanga", indicó el organismo de control.


Los hechos corresponden al contrato de obra suscrito por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, con la Unión Temporal Edificio Administrativo 2015, por un monto superior a los $5 mil millones de pesos.


"El contrato contemplaba la construcción de un edificio de 9 pisos con climatización natural y sistemas de iluminación y ventilación también naturales, y su ejecución tendría una duración de 7 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, firmada el 13 de julio de 2015, por lo que la obra debía ser inaugurada a principios de 2016", sostuvo la Contraloría.


Indicó que los documentos técnicos en los que se justificaron dichos cambios, confirmaron el incumplimiento de la Norma Sismo Resistente de 2010, así como las irregularidades técnicas presentadas en la estructura del edificio administrativo, todavía en construcción.



Responsables


Los presuntos responsables del mencionado detrimento patrimonial serían los miembros de la Unión Temporal Edificio Administrativo 2015, representada legalmente por Jesús Pedro Nel Serrano Meneses, quien suscribió el contrato.


Igualmente involucrado se encontraría el otro miembro de la Unión Temporal, en calidad de contratista, Roberto Enrique Rodríguez Ruiz.


Los implicados tendrán que responder con su propio patrimonio por los más de $2 mil 838 millones que recibieron en pago de la obra.