Anif abre debate sobre la necesidad de un impuesto a las drogas ilícitas una vez se legalice su uso

El mundo sigue debatiendo sobre la posibilidad o no de legalizar o despenalizar el tema de las drogas ilícitas, y Colombia no ha sido ajeno a esta controversia.

El presidente Juan Manuel Santos dejó sentado dicho debate durante la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Cartagena, en 2012.

La tesis es tratar la drogadicción como un asunto de salud pública, pese a que en la última reunión de la ONU, el Gobierno fue un poco más tímido en defender dicha tesis.

Pues según un análisis realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en uno de los escenarios que el mundo y en especial Colombia podría recorrer hacia futuro tras la legalización de la droga, es que el Estado quede con el control del negocio, lo que daría lugar a la implementación de un impuesto a estas sustancias psicoactivas.

Para Anif, un escenario que podría presentarte es “si el Estado tomara control del mercado a través de impuestos (como lo señala la Comisión Global de Políticas de Drogas), entonces los oferentes pagarían el recargo al Estado y estos se lo cobrarían al consumidor”.

Según este organismo, “dicho impuesto aumenta los costos de los productores, con lo cual se contrae la oferta (en proporción al impuesto), llegándose a un nuevo equilibrio”.

Anif señala también varios escenarios de lo que puede suceder con los participantes de la cadena productiva, en este caso tras la legalización de las drogas.

Por ejemplo, al Productor. Para Anif, “bajo monopolio, se da una apropiación del excedente del consumidor por parte del productor ilegal (las Farc, El Eln o los Úsuga)”.

Con la legalización, la mafia pierde esos recursos en presencia de impuestos. Nótese, señala Anif, “que con esos impuestos al consumo, ahora el productor (legal) también vería recortado su propio excedente, pues el impuesto no depende de a quien se le impone, sino de las elasticidades precio de la oferta y la demanda”.

En cuanto al consumidor, Anif señala que “en el escenario de ilegalidad, el consumidor apenas puede apropiarse de una parte de su excedente. Al legalizarse, dicho excedente se incrementa como resultado de movernos hacia la competencia. No obstante, el gravamen al consumo reduciría nuevamente el excedente al consumidor”.

La magnitud de la disminución dependería de la tasa impositiva y la elasticidad precio de la demanda.

Mientras que el Estado entraría a participar del mercado tan pronto se grave el consumo de las drogas.

“Al introducir el impuesto, el Estado se apropia de parte del excedente del consumidor y de parte del excedente del productor (áreas roja y naranja, respectivamente), equivalente a un recaudo”.

La diferencia frente al escenario de ilegalidad, sostiene el organismo, “radica en que ahora es el Estado quien se apropia de parte del Excedente del Consumidor, debilitando al productor ilegal, que es el factor que aún no se ventila en la discusión reciente”.

A finales de abril, los gobiernos de Colombia, México, Brasil y Uruguay lideraron una presentación ante Naciones Unidas sobre los beneficios de despenalizar el uso de las “drogas blandas (marihuana).

Si bien este discurso no es novedoso, pues Oregon, Colorado y California en los Estados Unidos ya habían obrado en esa dirección tres décadas atrás, sí ha sorprendido que países productores claves de América Latina se hubieran plegado a dicha iniciativa.

Según cifras del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, Ceprid, el negocio del narcotráfico deja ganancias anuales por 500 mil millones de dólares.