David Murcia le debe aún a víctimas de DMG más de $1 billón: Agente liquidadora

María Mercedes Perry, agente liquidadora de la pirámide captadora de dinero DMG, afirmó que la deuda con las víctimas de esta estafa asciende a 1 billón 32 mil millones.

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En diálogo con RCN Radio, Perry señaló que a la fecha se han entregado a los damnificados por esa captadora, $93.626 millones como parte del proceso de liquidación de DMG, un capítulo que aún no se ha cerrado.

"La liquidación de DMG no ha terminado. Durante todo este tiempo, desde la intervención, se han reconocido a los damnificados, un total de $93.626 millones, pero aún se adeudan $1 billón 32 mil millones", señaló la agente liquidadora.

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Además, dijo que pese a los esfuerzos de las autoridades judiciales, en especial la Fiscalía, todavía no se ha podido recuperar todos los bienes de los responsables de esta captadora de dinero.

Sin embargo, Perry fue enfática en señalar que el único responsable de esta estafa es David Murcia y es él quien que debe reparar a las víctimas de la captadora. Sostuvo que fueron más de 224 mil las personas que ha reclamado sus dineros, tras el cierre de la captadora.

-Lotes-

Sobre los tres lotes en donde se entregaban los productos y dinero, producto de la pirámides y que están ubicados en la autopista Norte, la agente liquidadora señaló que ha sido un proceso tortuoso para reclamar estos bienes, ya que los presuntos dueños "han puesto todo tipo de trabas y entablado varias tutelas, pero la idea es una vez recuperados, monetizarlos para entregarlos a los damnificados de DMG".

La SuperSociedades ha efectuado, en lo corrido del año, un total de 166 intervenciones por captación ilegal, de las cuales 128 corresponden a personas naturales y 38 a empresas.

"A la fecha, David Eduardo Helmut Murcia Guzmán y otras 25 personas naturales y jurídicas continúan intervenidas por captación ilegal de dineros del público por haber participado en el esquema DMG", indicó Francisco Reyes, superintendente de Sociedades

Por último, el jefe de este organismo insistió en que “toda actividad de captación de recursos del público está sujeta al control y supervisión de las autoridades. Quien desarrolle, promueva o participe en este tipo de actividades por fuera de la ley, se expone a drásticas sanciones administrativas y penales que pueden llegar hasta 20 años de cárcel”.