Los próximos 5 presidentes deberán conseguir $208 billones para financiar el posconflicto: Contralor

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón señaló que los próximos cinco gobiernos deberán acopiar recursos por 208 billones de pesos para financiar el posconflicto.

Esta cifra la entregó el Contralor General con base en un estudio que realizó recientemente Fedesarrollo sobre reforma rural integral y financiación del posconflicto.

Según Maya Villazón, "el desarrollo de este proceso en los próximos 20 años, es decir hasta el año 2038, implica un esfuerzo fiscal. Hay un estudio que acaba de publicarse de Fedesarrollo sobre que los costos de la implementación del acuerdo de paz y el posconflicto para los próximos 5 presidentes será de 208 billones de pesos".

El Contralor General señaló además que no es conveniente que se piense en reducir el gasto en materia de seguridad que hoy bordea los 34 billones de pesos, "simplemente porque se firmó un acuerdo de paz con uno de los actores del conflicto".

Sostuvo que todavía quedan otros actores del conflicto como el caso de las Bacrim y el Ejército de Liberación Nacional ( ELN) además del narcotráfico y por tanto se hace necesario que los cerca de 500.000 hombres que hoy conforman las Fuerzas Militares y de Policía sigan con su labor de seguridad.

"Las Fuerzas Militares y de Policía le cuestan a Colombia $34 billones de pesos anuales, entonces estos hombres deben ocupar los territorios que dejan grupos como las Farc y que otros actores del conflicto buscan ocupar", recalcó Maya Villazón.

Indicó además que la Contraloría adelantará una labor de vigilancia en tiempo real de los millonarios recursos que se van a invertir durante esta fase del posconflicto.

Además se mostró de acuerdo con la propuesta del Presidente de la República, Juan Manuel Santos de contratar una auditoría externa para vigilar estas partidas.

Expresó además que todavía hay factores como la minería ilegal, que son un combustible para alimentar el conflicto armado, además de las cerca de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos que deben ser erradicadas.