Sobrecostos en el Fondo Nacional del Ahorro ocurrieron en la pasada administración: Augusto Posada

Luego de los hallazgos descubiertos por la Contraloría en torno a sobrecostos que se habrían presentado en la adquisición del inmueble donde hoy funciona el Fondo Nacional del Ahorro, la entidad aclaró que el hecho ocurrió en la pasada administración.

Según afirmó el Fondo en un comunicado "el avalúo correspondiente al inmueble ubicado en la carrera 65 No. 11-83 de la ciudad de Bogotá fue establecido en la suma de $38.416.730.250. Al revisar nuestros registros históricos se observa que el mencionado inmueble fue adquirido por la suma de $79.000.000.000 en el mes de mayo de 2012, siendo presidente de la Entidad el Dr. Ricardo Arias Mora".

El actual director del organismo, Augusto Posada, indicó que dicho avalúo "se contrató en desarrollo del proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF-. Una vez realizada esta actividad, el día 11 de diciembre de 2015, la firma contratada para tal efecto remitió de manera formal al Fondo Nacional del Ahorro, el resultado de este servicio".

Posada apuntó que "estamos trabajando con las autoridades para proteger el patrimonio de millones de colombianos".

El organismo se mostró a la espera de los requerimientos de las autoridades sobre este tema.

Caso

La Contraloría General de la República descubrió un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $35.937 millones de pesos en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), originado por sobrecostos en la adquisición del inmueble donde actualmente funciona esta entidad.

Así lo señaló el organismo tras indicar que "se incumplió el principio de planeación contractual y se materializó una gestión antieconómica". 

Según la Contraloría, el daño patrimonial se deriva de las debilidades que se dieron en la estructuración del proceso precontractual, específicamente al no proveer un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable.

"Y se da también por inconsistencias en el proceso de homogenización de la muestra de mercado inmobiliario consultada por la firma avaluadora (Valor S.A.) para determinar el valor comercial del inmueble, lo que según concepto técnico de la Contraloría debilitó la objetividad que se requería para este fin e impuso un alto nivel de subjetividad", se explica en el reporte.

El precio total de compra del inmueble ascendió a $70.713 millones, que comparado con el valor comercial, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de $34.775 millones, genera un daño al patrimonio del Estado.

Para la Contraloría "es claro que la falta de planeación y selección objetiva, ligada a las deficiencias en los estudios de conveniencia y específicamente en el de mercado, constituyen una vulneración al deber funcional de los servidores que participaron en la elaboración de los estudios previos y en el proceso de adquisición del inmueble".

Este hallazgo administrativo tiene también connotación disciplinaria y, por lo tanto, será trasladado para lo de su competencia a la Procuraduría General de la Nación.