SuperIndustria pide inhabilitar por 5 años a contratistas involucrados en casos de colusión

A través de una carta enviada al secretario de Transparencia, Camilo Enciso, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, le pidió incluir en el proyecto de ley anticorrupción la inhabilidad hasta por 5 años a empresas contratistas involucradas en actos de colusión, así como el aumento de sanciones para la cartelización.

"Ayer le envíe al secretario de Transparencia un par de artículos para modificación especialmente en dos temas: uno, modificar las normas de la capacidad sancionatoria de la SIC y otro inhabilidad para que aquellos contratistas que hayan sido sancionados por la SIC para que no puedan contratar nuevas obras con las entidades públicas hasta por un periodo de 5 años”, dijo.

Robledo señaló que actualmente el tope sancionatorio de la entidad es de 75 mil millones de pesos, por lo que propone que Colombia se acoja al sistema europeo, donde las sanciones se dan de acuerdo a las ventas involucradas en las conductas anticompetitivas.

"Buscamos eliminar ese tope que hoy está en $75 mil millones y coger el sistema europeo y americano que ya lo tiene México, Brasil y Chile, en donde la autoridad sanciona con unos topes porcentuales sobre las ventas involucradas en la conducta anticonceptiva, lo que permitirá en algunos casos aumentar la sanción", dijo Robledo.

El superintendente de Industria recordó que “la SIC viene desde hace tiempo proponiendo hacer unas reformas puntuales que nos permitan combatir la corrupción y la colisión de las prácticas competitivas".

"Con esta reforma casos como estos podrían ser sancionados de manera más rigurosa”, puntualizó.

Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno nacional está preparando un nuevo paquete de medidas contra la corrupción, las cuales buscan garantizar la protección a los denunciantes de estos casos, conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios de las empresas y saber qué intereses con el Estado tienen quienes laboran en entidades públicas, entre otras cosas.

El objetivo, según el primer mandatario, es aprobar algunas de estas iniciativas “usando el fast track, donde no queremos abusar de ese procedimiento rápido en el Congreso, pero en los acuerdos de paz existe el compromiso específico de la lucha contra la corrupción”.