Bachelet promulga la ley que despenaliza el aborto en tres casos en Chile

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó hoy la ley que despenaliza el aborto en tres casos específicos, una iniciativa que, destacó, representa un "paso histórico" y convierte a Chile en un país "más justo, más comprensivo y más respetuoso".

"A partir de hoy, el Estado asume activamente un rol que es irrenunciable: garantizar derechos y alternativas para tomar las decisiones libremente", dijo la mandataria en una ceremonia en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional chileno refrendó el pasado 21 de agosto la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y por embarazos producto de una violación.

El proyecto de ley se discutió durante dos años y medio en el Congreso y finalmente fue el Tribunal Constitucional el que dio luz verde al rechazar dos requerimientos presentados por parlamentarios conservadores.

Bachelet subrayó hoy que la ley no obliga a ninguna mujer a someterse a un aborto, y recalcó que las tres circunstancias en las que se permitirá ese procedimiento son "humanamente difíciles".

"Hablamos de una determinación delicada, personal, intransferible, es una decisión que nunca es razón de festejo, porque esta precedida de dolor, de angustia", manifestó.

"A partir de hoy, las mujeres pueden decidir sin que nadie pueda forzarlas en un sentido u otro y que el Estado garantice tal decisión. Será su voluntad, no la voluntad ajena, la que determine si ella seguirá o no con su embarazo", añadió.

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La presidenta afirmó que hasta ahora la respuesta oficial del Estado a las mujeres embarazadas en una de esas tres circunstancias ha sido "el castigo, la condena, y la denegación absoluta del derecho a decidir de las mujeres".

"Todas las mujeres que han pasado por esta situación, que enfrentan una tremenda carga emocional, han debido someterse a las determinaciones forzosas del Estado, o han debido actuar en la clandestinidad agregando a su dolor el miedo a ir presas", sostuvo.

Bachelet indicó que la ley salda una "deuda enorme" con las mujeres y pone a Chile a tono "con las legislaciones del mundo".

En caso de que el personal médico o un establecimiento se acoja a la objeción de conciencia para no realizar un aborto, la ley establece que la paciente deberá ser atendida por otro médico o trasladada a otro recinto.

Pero si la vida de la mujer corre peligro "de manera inmediata" y no hay reemplazo para un médico que se acoge a la objeción de conciencia, el galeno deberá realiza la intervención "porque está la vida de una mujer en medio", especificó Bachelet.

En este sentido, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascal, aseguró que el Ejecutivo garantizará las prestaciones de salud y acompañamiento para las mujeres que lo requieran.

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Aclaró que si no hay médicos en alguna institución de apoyo a las mujeres "vamos a garantizar los traslados a otra institución que si los tenga", a excepción de los centros públicos donde si tendrán que realizarse las intervenciones.

Por su parte, la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) calificó este jueves como un "histórico acto de justicia para las mujeres, en especial para las más pobres" que la presidenta Michelle Bachelet promulgara la Ley que permite la interrupción del embarazo por riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

"Hoy la presidenta Bachelet no sólo ha saldado una deuda histórica. Sobre todo ha terminado con una cruel e irracional violación a los derechos humanos que sometió a las mujeres a torturas físicas y psicológicas al obligarlas a continuar con embarazos inviables o que perpetuaban abusos tan graves como la violación", añadió.

En Chile, el aborto terapéutico fue legal durante más de medio siglo, hasta que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió en 1989 bajo cualquier circunstancia y lo criminalizó.

Hasta hoy, Chile era uno de los pocos países en esa condición, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y El Vaticano.

 

Por: EFE