Alcaldesa del Guamo, Bolívar, investigada y denunciada por presunta vulneración de derechos sindicales

Una serie de quejas, tutelas e inclusive demandas, son los mecanismos a los que han recurrido los trabajadores afiliados al Sindicato de Servidores Públicos de Colombia (Sinserpublicolombia) sudirectiva "El Guamo" para hacer valer sus derechos sindicales, los cuales señalan han sido vulnerados por Luz María Mercado Villalba, alcadesa municipal.



Según Erick José Urueta, presidente del Sinserpublicolombia capítulo Bolívar, la mandataria desde que se posesionó en su cargo ha venido cometiendo una serie de conductas que, en su criterio, violan la Ley y la Constitución Política Colombiana, esto enfocado al libre ejercicio de la libertad sindical.

"Lo primero que ha hecho es enfrentarse con el Sindicato de Servidores Públicos de Colombia sudirectiva El Guamo, porque para ella no está bien recibido constituir un sindicato que está legitimado y legalmente registrado ante el Ministerio del Trabajo", expresó.

Indicó el sindicalista que Mercado Villalba se rehúsa a reconocer el sindicato y por ende el derecho de cada uno de los miembros este colectivo, situación que llevó a esta asociación de trabajadores interponer una acción de tutela que cursa en el Tribunal de Restitución de Tierras como también cursan varias denuncias formales ante la Confederación General del Trabajo (CGT), instancia que dio traslado al proceso a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio del Trabajo.

"A esta señora le fue abierto un proceso investigativo-administrativo por parte del Ministerio del Trabajo por no querer sentarse a negociar el pliego de solicitudes presentado por el sindicato con fecha del 25 de febrero del 2016. El Ministerio del Trabajo la obligó a sentarse a negociar con el sindicato y el día 5 de mayo de 2016, esta señora, en una actitud prepotente, manifestó que ella se retiraba de las mesas de negociaciones y no había posibilidades de dialogar con el sindicato", señaló.

Uruta asegura que la alcaldesa dentro de su posición de desconocimiento del sindicato, procedió a despedir a 6 funcionarios (5 inspectores de policía y un comisario de familia) que venían desempeñando cargos provisionales con antigüedad entre 2 y 7 años, donde la remoción sostuvo fue irregular porque no se realizó a través un acto administrativo motivado como lo señala norma.

"Ella los declaró insubsistentes pero no dice los motivos tajantemente y probatoriamente por los cuales están personas fueron despedidas. Recordemos que los provisionales han estado amparados por muchas sentencias de la Corte Constitucional, y circulares de la Procuraduría, que dicen que para desvincular a un provisional debe cumplirse con una ritualidad y esta ritualidad no fue cumplida por la alcaldesa municipal y hoy día cursan dos acciones de tutela, una por parte del sindicato y otra de los inspectores y comisarios de familia que solicitan su reintegro", acotó.

Añade el líder sindicalista que cinco días del despido de estos funcionarios, la mandataria municipal nombró en provisionalidad a otras seis personas, afirmando que la designación de éstas no se realizó mediante concurso como lo indica la ley para este tipo de cargos. Así como, destaca que para los temas concernientes al sindicato, la máxima autoridad de El Guamo contrató un abogado que laboró sólo 3 meses y al cual le pagaron 19 millones de pesos, recursos que según Urueta, era el valor aproximado de las exigencias laborales de los miembros de la Asociación de Trabajadores.