Hasta por un año podría ser sancionado Enrique Peñalosa por ausentismo en el Congreso

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate, el proyecto que obliga a Alcaldes de ciudades capitales, Gobernadores y Ministros a asistir a los debates de control político citados por el Congreso.

El autor de esta iniciativa, es el Representante del Partido de la U, Efraín Torres, y manifestó que este es un paso adelante, en cuanto a control ciudadano y político de las gestiones realizadas por los mandatarios locales, regionales y altos funcionarios.

“Hoy el reglamento del Congreso no es claro con respecto a la citación, de por ejemplo, el Alcalde de Bogotá. Esta zona gris permite a los funcionarios evadir la responsabilidad de rendirle cuentas a la ciudadanía. Los Alcaldes, Gobernadores y Ministros hacen parte de la de la rama ejecutiva y por tanto tienen la obligación de asistir a las citaciones del Congreso”, sostuvo.

Este proyecto busca modificar la ley 5° de 1992, que es el reglamento del Congreso, en el cual las Cámaras podrán requerir la asistencia obligatoria de mandatarios de ciudades capitales, departamentales y altos funcionarios, como miembros de la rama ejecutiva del poder público, para discusión de proyectos de ley o para estudio de asuntos que superen el ámbito local y tengan incidencia de interés nacional.

Otro autor de este proyecto, es el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, afirmó que esta iniciativa, se ha denominado 'Ley Peñalosa', porque obligaría al Alcalde Mayor de Bogotá a rendir cuentas ante el Congreso de la República.

"Hay alcaldes como Enrique Peñalosa, que de mala fe, le huyen a los debates en el Congreso de la República. Por eso, este proyecto de ley lo que hace hoy en día es establecer claramente que el Alcalde Mayor tiene la obligación de asistir a los debates y en caso de no hacerlo será acreedor de una sanción disciplinaria”, explicó.

Este proyecto estipula también que si los funcionarios no asisten a las citaciones y evadan esta responsabilidad incurrirán en una falta disciplinaria que acarrea hasta un año de suspensión del cargo, por parte de la Procuraduría.

Por último, los autores de este proyecto, explicaron que con este proyecto de ley no se está invadiendo o sustituyendo la competencias de Concejos y Asambleas, sino que se está complementando el control en favor de los intereses de los ciudadanos, ahora esta iniciativa pasará al senado para superar sus últimos dos debates, antes de convertirse en ley.