Armada Nacional tendrá que pagar más de $1.900 millones por ocupación ilegal de hotel en San Andrés

El Consejo de Estado informó que declaró la responsabilidad de la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa, por los perjuicios causados a una entidad particular de la isla de San Andrés, debido al allanamiento, incautación y ocupación, realizada sobre un hotel de su propiedad entre 1989 y 1994, por lo que ordenó el pago de una indemnización por más de 1.900 millones de pesos.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, explicó que tanto la Dirección Nacional de Estupefacientes como la Armada Nacional, fundamentaron el decomiso y ocupación del Hotel y demás bienes, en su supuesto nexo con actividades de narcotráfico, sin embargo, no se demostró que en ese lugar se conservaran sustancias alucinógenas, ni cualquier otro elemento vinculado, por el contrario, se aclaró que los representantes del Hotel no estaban investigados penalmente, no eran requeridos por ninguna autoridad, no tenían antecedentes judiciales ni de Policía, y sus bienes habían sido adquiridos mediante el desarrollo de actividades comerciales legales.

La sentencia afirmó que “no se acreditaron los hechos previstos en la ley para que fuera procedente el decomiso y ocupación de los bienes que conformaban el mencionado Hotel, se deduce la prueba de la falla del servicio por parte de la Armada Nacional, quien realizó la ocupación y el decomiso de los bienes muebles e inmuebles, y de la Dirección Nacional de Estupefacientes que destinó provisionalmente tales bienes a la Armada Nacional”.

Adicionalmente, señaló el Consejo de Estado en un comunicado oficial, “la Dirección Nacional de Estupefacientes tenía como objetivo fundamental, la correcta disposición de los bienes ocupados o decomisados por su directa o indirecta vinculación con los delitos investigados por sus dependencias y, debía supervisar la utilización de los bienes por parte de los destinatarios provisionales o depositarios”.

Dijo el Consejo de Estado que, la Armada Nacional asumió las mismas obligaciones que impone la Ley para los secuestre judiciales, es decir, el cuidado de los bienes a su cargo, por lo que debía restituir la misma cosa o cosas recibidas y en las mismas condiciones en que le fueron entregadas, con todas sus accesiones y frutos. En este caso, explicó el Consejo de Estado, se demostró el deterioro del hotel y demás bienes a su cargo como consecuencia del uso indebido al que fueron sometidos por parte de la Armada Nacional.

Por tal razón, se configuró una falla del servicio y una responsabilidad solidaria, pues mientras la DNE no vigiló el uso de los bienes a su cargo, la Armada no devolvió los bienes que le fueron dejados a su guarda en las mismas condiciones en las que los recibió, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por más de 1.900 millones de pesos.