Aumentan las voces contra la eventual área protegida en la Serranía San Lucas, sur de Bolívar

Las autoridades ambientales quieren proteger la Serranía San Lucas, ubicada entre Antioquia y Bolívar, amenazada por la minería ilegal

Desde 2016, Parques Nacionales Naturales de Colombia inició un trabajo para declarar la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, como un área protegida. Las comunidades de la región han sido las primeras en oponerse, y luego se sumaron algunos mandatarios municipales, incluido el propio gobernador Dumek Turbay, pidieron revocar esa intención. A la discusión se sumó Fernando Araujo, senador de Centro Democrático, quien pidió que se consulte a las comunidades.

“Esas hectáreas fueron bosques pero ya no lo son. Eso afectaría el desarrollo económico y social de más de 7000 personas que habitan en la Serranía y sus alrededores que viven de la agricultura o de la minería, no todos de la minería criminal. Por eso propongo que haya una consulta popular que le pregunté a los ciudadanos si quieren convertir la Serranía en un parque” expuso Araujo.

Según el congresista, la Serranía que se encuentra entre los límites de Antioquia y Bolívar, tiene alrededor de un millón de hectáreas que fueron bosques, pero que hoy día quedan menos de 200.000, pues muchas de sus tierras están destinada a otras actividades de tipo económico.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, ya había manifestado su rechazo a esa iniciativa porque condenaría a la pobreza esa zona del departamento, y también pidió consultar a las comunidades, pero sin especificar con qué mecanismo “no lo queremos, no nos oponemos a él, lo que hay hacer es regular, para buscar el equilibro, convertir la serranía la zona en un gran parque en condenar en más pobreza y miseria a los habitantes del sur”

En su momento, el gobernador Turbay Paz insistió que la minería, más que restringirla en determinada área, debe ser regulada, una tarea que según el mandatario debió hacerse años atrás, añadió que esa actividad debe permitirse con el objetivo de que beneficie directamente a la comunidad y le reste participación la actividad a las bandas criminales.