Avalan medidas cautelares para comunidad en Caldas, víctima de las Farc y paramilitares

La Unidad de Restitución de Tierras radicará antes de junio la primera demanda étnica del Eje Cafetero en beneficio de la comunidad indígena Emberá Chamí de San Lorenzo, localizada en Ríosucio, Caldas.

La idea con esta acción judicial es restituir los derechos territoriales de 11.936 personas, ubicadas en un territorio ancestral de 6.706 hectáreas.

Esto luego de que el juez especializado en restitución de tierras de Pereira otorgó la medida cautelar solicitada por la Unidad "debido a que durante las jornadas de caracterización de las afectaciones territoriales, comuneros y autoridades indígenas manifestaron que en su territorio se encontraban fosas comunes", señaló una fuente del organismo.

La medida cautelar solicitada por la Unidad de Restitución de Tierras permitirá realizar la exhumación de las fosas por parte de la Fiscalía General de la Nación y el saneamiento espiritual del territorio.

Además, se busca que estos hallazgos sean tenidos en cuenta como prueba en la demanda judicial.

Conflicto

Este territorio colectivo, ubicado en el municipio de Ríosucio, Caldas, fue golpeado durante las últimas décadas por la violencia de diferentes grupos armados ilegales, generando en las comunidades serias afectaciones de orden sociocultural y político, lo que dio lugar a la pérdida paulatina del vínculo con su territorio ancestral, así como el despojo y abandono de sus tierras.

Desde finales de la década de los 90 hasta el año 2008, los grupos armados ilegales (AUC, Farc-EP y EPL) se disputaron el control político y territorial, procurando el control de los corredores de movilidad para el manejo y captación de las redes de economía legal e ilegal de la región, producto de la expansión de los cultivos de coca.

Durante el año 2002 se intensificaron los asesinatos de indígenas de los resguardos ubicados entre los municipios de Ríosucio y Supía, cuando los grupos paramilitares, a través del frente Cacique Pipintá, tenían como objetivo militar atacar la presunta base social de las Farc-EP en la región.

Producto de esta disputa territorial entre grupos armados fueron asesinados diferentes líderes indígenas, se desplazaron varias comunidades, aumentó el reclutamiento forzado de jóvenes, se impusieron limitaciones de libre tránsito sobre el territorio ancestral y se acentuaron homicidios selectivos, rompiendo con cualquier posibilidad de tejido social y cultural.