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Personería formuló cargos a dos exdirectivos de la Empresa de Renovación Urbana de la administración Petro

La Personería de Bogotá citó a audiencia pública para el próximo 26 de julio y formuló cargos contra el exgerente encargado de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), Nicolás Corso Salamanca y el exdirector Técnico de esa entidad, Mario Avellaneda González.


La Personería de Bogotá citó a audiencia pública para el próximo 26 de julio y formuló cargos contra el exgerente encargado de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), Nicolás Corso Salamanca y el exdirector Técnico de esa entidad, Mario Avellaneda González.


De acuerdo con la investigación los exfuncionarios incurrieron por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble por más de $8.000 millones y su adecuación por $7.000 millones.


Se trata de un edifico de ocho pisos de oficinas ubicado en la Carrera 10 N° 18-15, antigua Universidad Gran Colombia, en el que se pretendía adecuar 64 apartamentos de áreas entre los 35 y 55 metros cuadrados, como proyecto de reposición de vivienda, sin embargo, se terminaron aprovechando solo 24 apartamentos y ocupando únicamente tres pisos del inmueble para albergar hogares.


El costo inicial, en 2015, era de $9.237 millones para la compra del edificio, cambio de uso, la adecuación de 64 apartamentos y un local para las oficinas del ERU y Metrovivienda, sin embargo, el costo finalmente subió en seis mil millones más de lo previsto por el inadvertido incremento del número y valor de las adecuaciones.


De acuerdo con la investigación, a Nicolás Corso Salamanca, gerente encargado en 2015, se le cuestiona su presunta responsabilidad en la compra del inmueble sin tener en cuenta estudios técnicos serios para determinar el estado físico y estructural del edificio, además por no contar con un censo real de los vinculados al proyecto e interesados en la reubicación.


En cuanto a Mario Avellaneda Gonzales, director técnico de ERU en 2015, el Ministerio Público Distrital encontró que, al parecer, en ejercicio de sus funciones no realizó la revisión e inspección pormenorizado del inmueble para determinar el estado físico y estructural previo a su compra.


El ente de control evidenció que en la adquisición y posterior adecuación del predio se habrían desconocido y vulnerado los principios de moralidad, eficiencia, economía y celeridad en la gestión pública.