Procuraduría solicitó a Tribunal de Bolívar medidas contra las construcciones ilegales de Cartagena

La Procuraduría General de la Nación presentó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar una acción popular con el fin de proteger la vida e integridad de los cartageneros amenazados por construcciones ilegales y su derecho a una vivienda en condiciones dignas y seguras.

El Ministerio Público señala que ante la evidencia de que en Cartagena se presenta un desconocimiento sistemático y generalizado de las normas urbanísticas, como ocurrió con el edificio Portales de Blas de Lezo II, cuyo desplome le costó la vida a 21 personas, se solicitó la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección inmediata de los ciudadanos.

La acción popular pide que se ordene a la alcaldía de Cartagena la creación de un Grupo Especial para la Normalización, Vigilancia y Control de la Actividad Urbanística, en el que participen la Policía Metropolitana, el ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.

Así mismo, que se adopte un Plan de Normalización de la Actividad Urbanística, que incluya un sistema de información oficial, técnico y actualizado sobre el estado de las construcciones, seguimiento y visitas a las obras y alertas tempranas que permitan conjurar de forma oportuna los riesgos derivados de la actividad de las construcciones.

Se solicitó también que el plan esté acompañado de acciones policivas para la suspensión de obras sin licencia urbanística, y particularmente para aquellas donde tengan participación María Quiroz Ruíz y/o Wilfran Quiroz y/o por la empresa Constructora & Quiroz: Proyectos, Construcciones y Desarrollo S.A.S, responsable de las obras en el edificio Portales de Blas de Lezo II, o sociedades en que hagan parte.

Al tribunal se le hizo la petición de ordenar la realización de estudios técnicos sobre obras sin licencia urbanística para identificar deficiencias estructurales que puedan constituir riesgo para la comunidad, así como la realización inmediata de trabajos de estabilización, reforzamiento, adecuación que se requieran para mitigar la amenaza o que se ordene la demolición.

La Procuraduría plantea la creación de un punto unificado de atención a la ciudadanía que oriente, asesore e informe sobre los trámites para el otorgamiento de licencias, reconocimiento de obras y recepción de quejas, así como la necesidad de crear mecanismo de verificación y control a las funciones que en materia urbanística competen a la Alcaldía de Cartagena y a las Curadurías 1 y 2, para garantizar que se cumplan  bajo los criterios de oportunidad y eficiencia.

Esta acción popular está dirigida contra la alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, y en contra de la secretaría de Planeación y oficina de Control Urbano, las alcaldías locales y las inspecciones de policía, las Curadurías Urbanas 1 y 2 y en  subsidiariedad contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

RCN Radio conoció que en próximas horas se realizarán los primeros sellamientos a construcciones ilegales que han sido detectadas en las últimas semanas.