En Boyacá  más del 80 % de los municipios no cuentan con agua potable para su consumo

37 municipios de la zona urbana no cuentan con agua apta para el consumo humano. La situación en el área rural es preocupante pues apenas 11 áreas rurales son beneficiadas con  este suministro.

De acuerdo con el informe del Índice de Riesgo de Calidad de Agua Potable, presentado por la secretaría de Salud de Boyacá, la referente de Calidad de Agua Potable de la Sectorial, Nohora Yaneth Zipa Casas, manifestó que algo está pasando en el departamento en lo relacionado con la potabilidad del agua, calificando como vergonzosa la cifra que se tiene en cuanto al número de municipios que cuenta con este servicio básico para sus habitantes.

Zipa Casas hizo un llamado de atención a la Empresa Departamental de Servicios Públicos para que haga una intervención  en estos municipios y determinar qué es lo que está sucediendo con los sistemas de tratamiento y/o con el manejo que hacen los operarios de las plantas.

[imagewp:421695] Foto: Archivo La FM

“En total son 112 municipios los que no cuentan con agua potable en su área rural y 37 del área urbana, la situación en la zona rural es más grave porque el mapa está en rojo, por eso se solicita a los alcaldes, a las administraciones municipales y a las administraciones de los acueductos rurales para que ayuden y consulten sobre sus inquietudes y necesidades para poder apoyarlos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población boyacense”, puntualizó la referente de salud.

Los municipios de la zona urbana que no cuentan con agua apta son: Belén, Berbeo, Betétitiva, Briceño, Caldas, Campohermoso, Chiquinquirá, Chíquiza, Chitaraque, Coper, Covarachía, Cucaita, Cuítiva, Gámeza, Garagoa, La Victoria, Mongua, Motavita, Monguí, Nuevo Colón, Pachavita, Ráquira, Saboyá, San Mateo, Santa Rosa de Viterbo, Santana, Sativanorte, Sativasur, Socha, Somondoco, Susacón, Sutamarchán, Tipacoque, Toca, Tópaga, Tununguá y Tutazá.

[imagewp:348372] Foto: RCN Radio 

Los alcaldes deberán rendir un informe ante la Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental dentro de 10 días hábiles contados a partir del 20 de noviembre en el que deben asumir compromisos que sean medibles y verificables y que puedan contribuir con la solución de esta situación que pone en riesgo la salud de los habitantes en cada localidad.