Cinco irregularidades evidenció la Contraloría de Caldas al sistema de fotomultas en La Dorada

El Contralor Departamental, Jorge Eber Wheeler destacó que inició investigación por gastos de amoblamiento en el sistema de fotomultas del municipio de La Dorada; así mismo corrió traslado a la Procuraduría y Fiscalía para que investigue la forma de contratación y requisitos de selección que se hizo con la empresa que lo opera.



Agregó el Contralor que "en esencia hay que decir que encontramos incoherencias de carácter disciplinario, fiscal y penal; parecido a lo que sucedió en Chinchiná se encontró una presunta vulneración de principios de la contratación pública".

El informe del ente de control explica: 

Debilidades en los estudios previos y técnicos: El municipio de La Dorada contrató un estudio técnico con el fin de buscar la viabilización del sistema electrónico de fiscalización de infraccione de tránsito y para determinar si la concesión era o no la modalidad pertinente para la implementación del sistema; dicho estudio a juicio de la Contraloría de Caldas, se realizó de manera superficial, más aun, si se tiene en cuenta que la consultoría se realizó por un solo profesional en Ingeniería Civil sin lograrse evidenciar dentro del estudio, cálculo aritméticos que determinaran el término de la concesión, los motivos por los cuales no era viable la implementación del sistema de manera directa por parte del municipio. Por otra parte, la consultoría se hizo en un término de tiempo muy corto (20 días).

Requisitos para la selección del interventor de la concesión: El interventor contratado para hacer el seguimiento y control del sistema electrónico de detección de infracciones de tránsito fue seleccionado por medio de un proceso de selección abreviada, proceso que contaba con unos requisitos para participar muy elevados, que en opinión de la Contraloría de Caldas, pudieron restringir la participación de diferentes actores del mercado, situación que por no contemplar aspectos de carácter patrimonial, se sale de la órbita del control que ejerce la Contraloría de Caldas, por lo que serán comunicadas tanto a la Procuraduría General como a la Fiscalía General de la Nación para su competencia.

Requisitos para la selección del concesionario: El contrato de concesión fue adjudicado por medio de licitación pública observándose dentro de los requisitos del mismo, exigencias tanto de experiencia como de requisitos financieros muy elevados, que en el sentir de la Contraloría de Caldas, pudieron restringir la participación de diferentes actores del mercado, situación que por no comprometer el patrimonio de la entidad, se sale de la órbita del control que ejerce la Contraloría de Caldas, por lo que serán comunicadas tanto a la Procuraduría General como a la Fiscalía General de la Nación para su competencia.

Gastos de amoblamiento asumidos por el municipio de La Dorada: Dentro de las obligaciones contractuales se estableció que el amoblamiento urbano (señalización, semaforización, reductores de velocidad, entre otros), corría por cuenta del concesionario, pero en realidad después de la verificación del equipo auditor en el trabajo de campo, se detectó que estos gastos fueron asumidos con recursos del municipio de La Dorada Caldas, situación que presuntamente compromete el patrimonio de la Entidad Territorial, motivo por el cual la Contraloría General iniciará las investigaciones pertinente sobre el asunto. (El traslado de recursos fue por valor de 2.945 millones de pesos)

Presunto incumplimiento de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007: El municipio de La Dorada transfirió importantes recursos al Concesionario (Construseñales) para que realizara el amoblamiento urbano, situación que después de ser analizada por el Organismo de control, se determinó que podría transgredir lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en cuanto a las modalidades de contratación. En razón de la Contraloría General de Caldas, comunicará tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

Agregó el Contralor Wheeler que "en cuanto a la repartición se encuentra que el 40% le quedará al concesionario, más el 10% si hace el cobro persuasivo, 15% más por cobro coactivo y un 7% para el interventor, es decir, que sólo al municipio le queda el 28%". 

Hasta el 2 de Agosto de 2015, por el sistema de fotomultas se ha recaudado 3.600 millones de pesos, de los cuales se le entregó al concesionario 2.945 millones de pesos para el amoblamiento.