Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Contralor pide suspender millonario contrato en universidad de Cundinamarca

Foto: prensa Contraloría Cundinamarca



Al considerar que “podría existir un grave y presunto detrimento del patrimonio de la institución que supera los 15 mil millones de pesos”, el contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, pidió al actual rector evitar el pago adicional de un contrato a un abogado por valor de 6 mil millones de pesos.

López Arévalo, ordenó “una auditoría especial al contrato de esta asesoría jurídica externa, cuyo objeto establecía realizar un cobro pre jurídico y judicial de los dineros adeudados por la gobernación del departamento, cuyo valor reconocido en valores indexados a la fecha asciende a 140 mil 678 millones de pesos”.

El informe del ente de control señala que “los recursos que estaban destinados según el fallo de la acción popular del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en mayo de 2011, a garantizar el servicio público de educación de una forma eficiente y oportuna de más de 12 mil estudiantes de la universidad del departamento y no para el pago de honorarios de un particular”.

“A todas luces es desproporcionado el monto de los honorarios pactados y cancelados a la fecha por contrato que se suscribió en el 2005, por el entonces rector Miguel Adolfo Polo Solano y el abogado César Augusto Moya Colmenares”, dice el informe del contralor.

El contralor López Arévalo, preciso que “como quiera que no es al arbitrio del ordenador del gasto que se fijen los porcentajes de recuperación, sino que, los mismos deben corresponder a un reconocimiento razonable, mesurado y proporcional a la gestión realizada y más aún en este caso, en el que se brindó una asesoría jurídica para un cobro entre dos entidades públicas, de lo cual era evidente que no era una cartera de difícil cobro, sino que era un hecho de fácil recaudo y pago”.

La contraloría, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría departamental, investigar las posibles irregularidades del contrato de prestación de servicios profesionales No 168 de 2005.

De los resultados de la auditoría, se espera que si se dan los presupuestos de ley, se adelante a través del procedimiento verbal el proceso de responsabilidad fiscal contra los funcionarios y particulares involucrados.