Contraloría abre responsabilidad fiscal contra exgobernador de Córdoba

La Contraloría General de la República aperturó un proceso de responsabilidad fiscal por $1.345 millones de pesos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.

Los  hechos se derivan  por presuntas irregularidades en el pago a la IPS Funtierra Rehabilitación Limitada de servicios médicos (terapias a niños con necesidades especiales), sin mediar relación contractual entre esta IPS y la Gobernación de Córdoba.

Según  la Contraloría, el proceso de responsabilidad fiscal cobija también, como presuntos responsables, a Tania Margareth Otero Arroyo, en su calidad de representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación; al ex secretario de Salud de Córdoba, Edwin de Jesús Preciado Lorduy; y al Auditor Médico, Juan David Nader Chejne.

Los hechos irregulares que dieron origen a los Procesos de Responsabilidad Fiscal se dieron entre mayo y septiembre de 2015, y fueron evidenciados en una auditoría que realizó la CGR sobre el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones –SGP por parte de la Gobernación de Córdoba en la vigencia 2015.

Dice el informe que los pagos a la IPS Funtierra alcanzaron la suma de $6.252 millones, y fueron autorizados por la Secretaria de Salud Departamental de Córdoba por tratamientos médicos que incluían distintas terapias: ocupacional, fonoaudiológica, de integración sensoriomotriz y miofuncional.

Al revisar la documentación aportada por la IPS para tramitar estos pagos, la Contraloría no encontró estudios económicos o valores unitarios que justificaran las cantidades y precios pagados.

Tampoco se encontró soporte o documento en que conste que medió una relación contractual entre la IPS y la Gobernación, en los que se pudieran fundamentar los pagos realizados.

Además, en las facturas mensuales presentadas por la IPS Funtierra Rehabilitación Limitada, por los servicios supuestamente prestados para los cobros de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015.

Agrega del informe que se evidenció que en algunos casos no se habían completado los tratamientos recomendados por el médico neurólogo, y aún así la Gobernación efectuó los pagos en favor de la IPS como si se hubieran prestado la totalidad de los servicios facturados.

Tania Margareth Otero Arroyo, en su calidad de representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación, dijo que cumplieron los protocolos exigidos para  el desarrollo de las terapias. Dijo que los auditores presentaron un informe sesgado a la Contraloría.