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Inician responsabilidad fiscal en 7 municipios por irregularidades en el PAE

La Contraloría inició proceso de responsabilidad fiscal en siete municipios de Córdoba por presuntas  irregularidades en la ejecución  en el Plan de Alimentación Escolar, PAE.

Olga Posada, Gerente General de la Contraloría en Córdoba. Foto/César Mercado.

La Contraloría inició proceso de responsabilidad fiscal en siete municipios de Córdoba por presuntas  irregularidades en la ejecución  en el Plan de Alimentación Escolar, PAE.

Los procesos de responsabilidad fiscal suman $1.424 millones: 4 en Sahagún (por $745 millones), 3 en Lorica (por casi $444 millones) y 2 en Cereté (por $235 millones).

Así lo dio  a conocer  en una rendición de cuentas, Alba Posada,gerente general de la  Contraloría en Córdoba, quien dijo que las anomalías se derivan de sobrecostos  al momento  de la contratación porque  no coinciden con los valores establecidos en el Ministerio de Educación.

La Contraloría además adelanta procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía total de $90 mil millones de peso en el departamento de Córdoba.

Dentro de estos procesos se destacan los que se abrieron contra el ex Gobernador, Alejandro Lyons Muskus, por $3.626 millones, y el actual Gobernador, Edwin Besaile, por $1.525 millones.

El primero por las irregularidades evidenciadas en los pagos efectuados por la Gobernación del departamento durante la vigencia 2015, a favor de diferentes IPS de la región, por supuestos tratamientos y terapias basadas en neurodesarrollo.

Y el segundo por los mismos hechos que en su momento dieron origen al denominado Cartel de la Hemofilia, dado que la Gobernación pagó un saldo  a la IPS San José de la Sabana S.A.S. que le adeudaba la administración anterior, a pesar de que ya era de conocimiento público que dicha empresa había aparecido involucrada en los hechos inicialmente investigados.

Cabe   resaltar que la Gerencia Departamental Colegiada  en Córdoba abrió proceso de responsabilidad fiscal por $4.700 millones en relación a las irregularidades presentadas en la construcción y adecuación del Coliseo Miguel Happy Lora.

El proceso fue declarado de impacto nacional por el Contralor Edgardo Maya Villazón y quedó a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

Otro proceso relevante que adelanta la Contraloría  por $4.158 millones, donde la entidad afectada es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).

Se trata  del no funcionamiento y total deterioro de las Plantas de Tratamiento Residuales PTAR contratadas para los municipios de Puerto Libertador, San Bernardo del Viento y Ayapel (contrato de obra No. 029 del 29 de octubre de 2010).

También se adelanta un proceso por $2.524 millones, que se originó en presuntas irregularidades presentadas en el Instituto de Seguros Sociales Seccional Córdoba, por concepto de recaudo de remanentes financieros.

El siguiente proceso significativo, por $2.497 millones, y relacionado otra vez con la CVS, se da por la ineficiente e ineficaz inversión realizada en el Proyecto de Construcción de la Primera Etapa del Relleno Sanitario, en el Corregimiento de Canta Gallo, en el municipio de Ciénaga de Oro.