Corte imparte órdenes por contaminación generada por El Cerrejón en La Guajira

La Corte Constitucional impartió órdenes al Gobierno nacional para que revise las resoluciones que han sido expedidas sobre el manejo ambiental en La Guajira por cuenta de los niveles de contaminación que representa para las comunidades la explotación de carbón por parte de la multinacional El Cerrejón.

Dentro de la sentencia se advierte que si bien existen licencias ambientales adjudicadas para desarrollar proyectos de explotación, es necesario revisar realizar el seguimiento de dichas resoluciones con el objetivo de garantizar la seguridad ambiental no solo de los pobladores sino del territorio.

La determinación adoptada por la Corte Constitucional está relacionada con una tutela que radicó la comunidad indígena Media Luna Dos contra varias autoridades del Gobierno nacional y contra la empresa El Cerrejón por la ejecución del proyecto ‘Expansión de Puerto Bolívar’.

Este proyecto está ubicado en la jurisdicción de los municipios de Hatonuevo, Barracas y Maicao del departamento de La Guajira y según la tutela, es necesario desarrollar la consulta previa para determinar la afectación por este proyecto.

“Para esta Sala, la contaminación que la empresa del Cerrejón está causando en La Guajira es identificable, razón por la cual se hacen visibles circunstancias que justifican la revisión del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente, y en consecuencia, de la vigencia o no de la licencia ambiental para la explotación de Carbón por parte del Cerrejón”, señala la sentencia.

Por esta situación la Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la empresa El Cerrejón desarrollar la consulta previa y revisar el Plan de Manejo Ambiental que está vigente para determinar la afectación a estas comunidades del norte de Colombia.

“En esa revisión deberá analizar si el Plan de Manejo Ambiental Vigente es suficiente para hacer frente a la contaminación que se produce por la explotación de carbón y, de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la licencia ambiental otorgada al proyecto. En este trámite deberá GARANTIZAR los derechos de participación de toda la población que pueda verse comprometida por dicha revisión, y, en todo caso, cuando se afecten directamente derechos de comunidades indígenas, el mecanismo de participación que deberá implementar será la consulta previa”, advierte la Corte Constitucional.