En dos meses deberá estar definida reubicación de cabildo indígena en Cartagena

En la sede de la Alcaldía de Cartagena, ubicada en el centro histórico de la ciudad, se realizó una reunión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional. Allí, las partes, analizaron la orden judicial de desalojo de las familias de un cabildo indígena Zenú, que ocupan un terreno conocido como Finca San Isidro que se encuentra ubicado en la vereda de Membrillal.

Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior de Cartagena, tras la reunión se acordó de manera voluntaria por las partes, que la diligencia fuera suspendida por un periodo de dos meses. En ese tiempo se deberán surtir todos los procesos frente al plan de reubicación de la comunidad indígena, integrada por 477 personas, distribuidas en 104 familias. (Lea también: Polémica por desalojo de predios en donde reside comunidad indígena en Cartagena)

Señaló que dicho plan de reubicación será coordinado con la Unidad de Víctimas. "Se van a convocar todas las entidades, el Distrito va a ser el articulador y el objetivo es conseguir un inmueble, que tenga todas las condiciones idóneas para que se reubique el cabildo indígena", expresó.

Indicó que desde la Administración Distrital se realizó una evaluación a las familias indígenas, donde el cabildo informó que de las 104 se encontraban 72 viven en el terreno de propiedad privada y que fue ocupado a través de un contrato de arrendamiento. Sin embargo, tras una actualización de las cifras, 65 son las que están instaladas en la zona.

"En el momento de la diligencia de desalojo se encontraron 36, de las cuales 4 denunciaron hechos víctimizantes y 8 han recibido subsidio de vivienda. En total quedan 15 vivienda por hacerle la reubicación", dijo.

Miledys Galeano, directora territorial Bolívar de la Unidad de Víctimas, manifestó que el proceso de reubicación de la comunidad Zenú será un trabajo colectivo y que desde la entidad se brindará la asistencia que se requiera en cumplimiento al Decreto 4633 de 2011, expedido por el Ministerio del Interior y en el que se "dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas".

"Nosotros vamos a solicitar el concurso de las diferentes entidades, de acuerdo a sus competencias. Se manifestó que se requiere que se defina el lugar, el cual se llevará a cabo la reubicación y la verificación de los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad", expresó.

El próximo jueves se realizará una reunión con la Agencia Nacional de Tierras y miembros del Comité de Justicia Transicional sobre los inmuebles para la reubicación e iniciar un cronograma de actividades de cara a la reubicación en igualdad de condiciones de esta comunidad indígena, natural de San Andres Sotavento en Córdoba y que debido a la violencia debió desplazarse hace 9 años hacia Cartagena.