Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Ex Gobernador de Boyacá se salvó de pagar más de 400 millones de pesos al departamento

Foto: Cortesía Gobernación de Boyacá.



Por vencimiento de términos en una demanda de repetición, el ex Gobernador de Boyacá Miguel Ángel Bermúdez se salvó de pagar la millonaria suma.
Siendo gobernador del Departamento, Miguel Ángel Bermúdez, habría suprimido algunos cargos dentro de su administración. Dentro de estos, se le suspendió el cargo a una funcionaria, quien era profesional universitaria, empleada de carrera y que había ingresado a trabajar con el departamento por medio de concurso.

 

Contra esa decisión, la funcionaria formuló una demanda contra la Gobernación, ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Boyacá. En primera instancia una juez de Tunja, le dio la razón a la demandante, y declaró ilegal la disposición del entonces gobernador Bermúdez. Por eso, el juez ordenó el reintegro de la funcionaria, y además, el pago de una indemnización, salarios y prestaciones que había dejado de recibir mientras no pudo laborar con la entidad.

 

Enseguida, el apoderado del departamento presentó una apelación, la cual fue atendida en su momento, por el Tribunal Administrativo de Yopal, el cual debía dar una resolución en segunda instancia, en cumplimiento de funciones de descongestión.

 

En esa segunda instancia, el juez reconfirmó la decisión de primera instancia, y a partir de ese momento, el departamento, quedó obligado a cancelarle a la funcionaria, una suma de 438 millones de pesos, por los conceptos descritos en el primer fallo.

 

El departamento cumplió con lo ordenado, le pagó a la demandante el valor de la condena, y además la reintegró en sus funciones habituales.

 

En ese momento, según el Tribunal, el departamento, debió haber iniciado la demanda de repetición contra el ex gobernador Miguel Ángel Bermúdez, para tratar de recuperar los más de 400 millones cancelados a la funcionaria.

 

En ese sentido, de haberse logrado determinar que el ex Gobernador habría tenido alguna responsabilidad en el proceso por el que tuvo que pagarse la sanción con dineros del departamento, este habría tenido que devolver ese dinero o un poco más a la gobernación.

 
Pero la oportunidad de un posible reintegro del dinero al departamento, se dejó pasar, debido a que sólo dos años después del cumplimiento al fallo, el departamento presentó la demanda de repetición, es decir, de manera extemporánea, y no pudo ser tramitada debido a que el término para presentarla ya se había vencido, tal como lo establece la ley.

 

El Tribunal, con la ponencia de la Magistrada Patricia Manjarrez, encontró que la acción de repetición había caducado.

 

Así las cosas el departamento había podido presentar las pruebas que supuestamente demostraran que el ex gobernador en efecto hubiese incurrido en alguna conducta inapropiada que le hubiera acarreado al departamento la sanción.

 

Con lo anterior, la posibilidad de recuperar los 438 millones de pesos, se perdió para el departamento de Boyacá, pero resultó siendo beneficioso para el ex gobernador Bermúdez, ya que por dicho vencimiento de términos, no se pudo iniciar un proceso en su contra.

 

Rcn La Radio conoció que este tipo de situaciones son muy recurrentes en Colombia, donde pone en evidencia, que la recuperación de esos dineros es muy difícil, debido a que, en su gran mayoría, las demandas de repetición no son instauradas a tiempo, y se pierde la facultad jurídica de la cual podría hacer uso la gobernación, para recuperar esos dineros.

 

Otra situación también podría suscitarse en este caso, y es que quien no haya iniciado a tiempo la acción de repetición, podría ser investigado debido a que en la administración tienen el deber de velar por los interesases del departamento, y es una obligación cuidarlos y asegurarlos.

 

Este mecanismo jurídico puede ser bastante beneficioso para que el estado no tenga que pagar altas sumas de dinero por responsabilidades de acción u omisión, pero sin embargo, esta figura, es poco utilizada por las administraciones locales.