Fallo de la CIDH contra asesinato de líder de la comuna 13 creó precedentes en el país

La abogada antioqueña María Victoria Fallón, integrante del grupo interdisciplinario que ganó la demanda contra el Estado por desplazamientos forzados, amenazas y el asesinato de la líder comunitaria de la comuna 13 de Medellín, Ana Teresa Yarce, aseguró que vigilarán el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana que busca la reparación integral de las familias de cinco mujeres injustamente detenidas por vínculos con grupos ilegales.

Según la jurista, en el primera sentencia por los hechos motivados en un operativo ordenado  en octubre de 2002, por los entonces presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez y el alcalde de la capital antioqueña, Luis Pérez Gutiérrez, el gobierno nacional tendrá que pedir perdón en un acto público y crear programas de  salud física y mental para los sobrevivientes de las víctimas.

"En primer lugar, el Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad y en acto público debe pedir perdón. Ordena que se repare a las víctimas, se publique la sentencia y se cree un programa de salud mental para las víctimas", explicó la abogada Fallón.

Con sentimientos de dolor y alegría, Mónica Orozco Yarce, celebró la decisión de la Corte  Internacional porque limpió el nombre de su madre y el de otras líderes de la comuna 13 de Medellín. Recordó la mañana del 6 de octubre de 2004, cuando después de numerosas amenazas,  hombres armados arrebataron la vida de Ana Teresa. La joven de 22 tuvo que asumir el cuidado de sus dos hijos y cuatro hermanos menores de edad.

"Ella estaba sentada, había terminado de desayunar, iban a ser las 10, llegaron unos tipos en una moto y le dieron tres tiros. La llevamos al centro de salud  pero ya no había nada que hacer", eplicó la Orozco Yarce. 

Para las otras cuatro líderes que sobrevivieron a la Operación Orión, Myriam Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera y Mery  Naranjo y sus familias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió tratamientos de salud y soluciones de vivienda por ser víctimas de desplazamiento forzado intraurbano por cuenta de los falsos señalamientos del Estado.