Fijan audiencia de acusación contra nueve ex funcionarios de la Gobernación por País Rural en el Meta

El 3 de noviembre a las 3 de la tarde en el Juzgado cuarto penal del circuito será la audiencia de acusación contra Daniel Santiago Salazar Uribe ex secretario de Desarrollo Agroeconómico, Carlos Emilio Romero Gómez ex asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta, Hernando Martínez Aguilera ex secretario de Planeación del Gobierno Seccional, Vladimir Sierra ex jefe de contratación del Meta, Francy Nayibe Umaña Ruiz, exgerente de tesorería de la Gobernación del Meta, John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio, Carlos Humberto Osorio Monroy, ex secretario privado de la Administración Seccional y Luz Estela Casasfranco Vanegas, ex secretaria Jurídica del Meta acusados por las presuntas irregularidades detectadas en un convenio celebrado entre la pasada Administración departamental y la Corporación Red País Rural en 2013 para fortalecer procesos agroindustriales del Meta por 5.411 millones de pesos de los cuales 2.705 millones los puso la Gobernación.

El convenio debía cumplirse en el término de 24 meses y 15 días y no se cumplió aunque sí se hizo un desembolso inicial de 405 millones de pesos que fueron recuperados gracias a la imposición de las pólizas.

Frente al proceso se destapó el abogado Carlos Emilio Romero Gómez ex asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta, quien salió a la luz pública a limpiar su nombre luego de que fuera señalado de haber recibido 5 millones de pesos de coima por supuestamente haber facilitado la firma del convenio entre la Gobernación del Meta y la Corporación País Rural en 2013 por 5 mil 600 millones de pesos y que hoy tiene a 9 ex funcionarios de la pasada administración investigados por la Fiscalía.

El abogado salió a contar detalles del cuestionado convenio, luego de que un juez le diera la razón y le levantara la medida de aseguramiento que le impuso en marzo de este año, al confirmarse que la versión en contra suya de una empleada la Corporación País Rural era falsa.

El abogado aseguró que el daño moral y profesional por ese escándalo le ha afectado el desarrollo normal de su vida.