Gobernador de Cundinamarca aceptaría cargos por 'carrusel' de contratos

Para este miércoles está programada una sesión de acercamientos entre Álvaro Cruz y el fiscal del caso.



 

El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, analiza junto a su defensa la posibilidad de una eventual aceptación de cargos dentro de la investigación que le adelanta la Fiscalía por el escándalo del 'carrusel' de la contratación en Bogotá.

Fuentes cercanas a este caso señalaron que este miércoles está programada una cuarta sesión de acercamientos entre el gobernador Cruz y el fiscal del proceso para avanzar en una eventual negociación.

Pese a que el pasado 17 de julio la Fiscalía anunció que imputaría cargos contra el Gobernador, esta solicitud de audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá está suspendida a la espera de determinar si se logra o no un posible acuerdo con el mandatario.

En desarrollo de los acercamientos con la Fiscalía ha trascendido que se evalúa la posibilidad de un eventual preacuerdo o aceptación de los delitos al momento de una imputación.

En su momento Juan Vicente Valbuena, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que coordina el caso, indicó que al Gobernador se le imputarían los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza calificada.

"Los hechos se circunscriben a que durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Álvaro Cruz Vargas entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá y a concejales de la ciudad que manejaban la mencionada entidad, con el fin que se favoreciera en la ejecución de los contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, a la Unión Temporal Asfaltos 2009", explicó el fiscal Valbuena.

La Fiscalía señaló que la unión temporal presuntamente favorecida por el hoy Gobernador está compuesta por la empresa ICM Ingenieros e Incoasfaltos la cual fue adjudicataria del contrato 193 de 2009, por un valor total de 23.000 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal del proceso, los dineros presuntamente entregados ascendieron a más de 800 millones de pesos y fueron obtenidos del anticipo entregado por la entidad pública para la ejecución del mencionado contrato.