Juez suspendió audiencia contra señalados de tortura a niños en Ibagué
La Fiscal 66 solicitó medida de aseguramiento intramural contra los 10 trabajadores de la Fundación Peces Vivos de Ibagué que son procesados por un presunto caso de tortura contra menores de edad con discapacidad de este instituto.
22 Oct 2017 - 03:53 am
A puerta cerrada continúa la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los 10 capturados (Foto: RCN Radio)
La Juez Séptima de Control de Garantías determinó suspender la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra las diez personas señaladas de ser responsables de maltratos y tortura a 11 menores en la Fundación Peces Vivos.
El cúmulo de material probatorio presentado por la fiscalía para argumentar la solicitud de la medida en establecimiento carcelario motivó la decisión de suspender la diligencia.
Se pudo establecer que son algo más de 400 pruebas, entre ellas videos, que han sido presentados por la fiscal 66 y que deben ser evaluados para determinar la medida que la juez de la causa impondrá a los capturados.
La audiencia se reanudará el próximo lunes a las ocho de la mañana.
Fiscalía pidió cárcel para los acusados
La Fiscal 66 solicitó medida de aseguramiento intramural contra los 10 trabajadores de la Fundación Peces Vivos de Ibagué que son procesados por un presunto caso de tortura contra menores de edad con discapacidad de este instituto.
El ente investigador sustentó la solicitud con material probatorio como videos de los presuntos maltratos y castigos a los que eran sometidos los niños en la fundación adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Durante la diligencia judicial que se cumplió ante el Juzgado Séptimo Penal con función de control de garantías de Ibagué, la defensa de los imputados solicitó traslado de las pruebas socializadas.
Enrique Arango, abogado de tres de los procesados, aseguró que es necesario revisar de manera técnica las pruebas con el fin de comprobar que no se encuentren manipuladas.
Agregó que algunas de las pruebas podrían considerarse ilegales al advertir que no fueron blindadas durante la investigación y han sido publicadas por medios de comunicación y redes sociales.
La Fiscalía imputó los delitos de tortura agravada, concierto para delinquir y destrucción de material probatorio a tres de los trabajadores, los siete restantes fueron señalados de tortura agravada.