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Ministro de Justicia defendió proyecto de ley que contempla penas diferenciales a pequeños cultivadores de coca

El Ministro Gil Botero añadió que de no existir la ley, serían unas 400 mil personas en el país, que tendrían que ser sometidas a procesos judiciales. 



El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, defendió el proyecto de ley que beneficia a pequeños cultivadores y aseguró que no es cierto que contemple la despenalización.

Desde Santa Marta, el Ministro Gil le salió así al paso a las críticas del Procurador Fernando Carrillo y el Fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre la ley que contempla penas diferenciales para pequeños cultivadores de coca, que han recurrido a esa actividad ilícita para subsistir.

"Las críticas son bienvenidas, pero quiero decir que este proceso consagra un tratamiento penal, diferenciado, transitorio y condicionado para pequeños cultivadores, no para narcocultivadores. Estamos hablando de campesinos que ejercen esa actividad ilícita como único medio de subsistencia, para poder comer, por ello no es verdad la despenalización", aseguró el Ministro Gil Botero.

Gil Botero añadió que de no existir la ley, serían unas 400 mil personas en el país, que tendrían que ser sometidas a procesos judiciales.

"Lo que estamos haciendo con este proyecto es todo lo contrario, estamos abriendo un espacio para no judicializar a 100 mil familias que equivalen a 400 mil sujetos. Si no existiera este proyecto, va a haber que abrirle procesos judiciales a 400 mil ciudadanos pobres, y encarcelarlos y aplicarles principio de oportunidad", indicó Gil.

El Ministro Botero aseguró que serán suspendidos los procesos judiciales abiertos por cultivos ilícitos a cerca de 277 campesinos, quienes tendrán 1 año de plazo para cumplir con la erradicación o sustitución voluntaria.

"En el caso de campesinos no procesados, que son el 99.9%, deben suscribir un acuerdo donde se comprometen a renunciar a la actividad ilícita, se les da un año para tal efecto y luego si cumplen, se impone la renuncia a la persecución penal; para los que ya han sido procesados, que son 277, contempla la posibilidad de suspensión del procedimiento a prueba por un año; y a las 10 personas que han sido condenadas, la posibilidad de concesión de libertad condicional vigilada por un año", planteó el Ministro.