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No habrá restricciones en el uso de las cuentas de los ex combatientes de Farc: Superfinanciera

El superfinanciero precisó que las cuentas podrán ser empleadas para otras transacciones, siempre y cuanto, no se detectan usos indebidos.

Foto: Ingimage



La próxima semana comenzará la bancarización de los 7.405 ex combatientes de las Farc, un tránsito que se realizará a través del Banco Agrario por lo que el Superintendente financiero, Jorge Castaño, explicó que en principio tendrán una cuenta de ahorros donde recibirán los beneficios del gobierno nacional, y luego podrán hacer cualquier otra transacción o adquirir otro producto financiero.

“No hay restricción para el uso de los productos, inicialmente el origen de los recursos que se van a mover en estas cuentas serán del gobierno nacional, pero como sucede en la transacción a la normalidad, este es un producto que puede ser utilizado para hacer compras. Deberá existir un seguimiento especial para validar que esto no sea utilizado para lavado de activos”, explicó Castaño.

El superintendente añadió que esto no es un práctica nueva, señaló que el sistema financiero ya ha incorporado personas a la formalidad y que no necesariamente el ingreso de estas personas representa un riesgo, “cada persona que se vincula se le construye un perfil, para lograr determinar su comportamiento y el origen de los recursos, así como la destinación y su uso del producto, si se ajusta a su actividad”.

Dado que las causales para negar el acceso a la banca deben ser objetivos, como la establece la Corte Constitucional al señalar que la actividad financiera es de interés público. En ese sentido, a los ex combatientes que no se les demuestre que representan un riesgo, no podrían negarles esa posibilidad, “las entidades a la hora de otorgar o a la hora de decidir si se presta o no un servicio debe atener estas instrucciones”.

Para Castaño, es normal que existan dudas en el proceso de bancarización de los más de 7.000 ex combatientes, reiteró que la Superintendencia acompañará el proceso para verificar que sea inclusivo y se ajuste a los términos de ley.