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Fiscalía precluyó proceso que adelantaba desde 2009 por casas de Ciudadela Salitre

El proceso penal se adelantaba desde 2009 contra el contratista y representante legal de la firma MC Construcciones Ivan Alberto Pérez Gómez y los ex funcionarios de la Gobernación del Meta Eleazar Alfonso Durán Mora, Juan Carlos Nariño Gómez, Jaime Mora y Sonia Liliana García Hernández investigados por los delitos de peculado por apropiación y la firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por la construcción de 526 casas en el programa Ciudad Salitre de Villavicencio por 15 mil millones de pesos

La Fiscalía Tercera Delega ante los jueces penales del Circuito, precluyó el proceso penal que adelantaba desde 2009 contra el contratista y representante legal de la firma MC Construcciones Ivan Alberto Pérez Gómez y los ex funcionarios de la Gobernación del Meta Eleazar Alfonso Durán Mora, Juan Carlos Nariño Gómez, Jaime Mora y Sonia Liliana García Hernández investigados por los delitos de peculado por apropiación y la firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por la construcción de 526 casas en el programa Ciudad Salitre de Villavicencio por 15 mil millones de pesos.

Las irregularidades que investigaba la Fiscalía por traslado de la Contraloría departamental del Meta en 2009, fueron advertidas en la construcción de la urbanización Ciudad Salitre de Villavicencio que inició en la Gobernación de Edilberto Castro y terminó en la de Juan Manuel González.

Inicialmente la investigación realizada sobre una muestra del 49% de las 526 casas que hacían parte de la urbanización Ciudad Salitre en Villavicencio, se determinó que en siete casos el núcleo familiar beneficiado ya poseía un bien inmueble, que es un claro impedimento para ser adjudicatario de la vivienda.

En otros diez casos las personas no consignaron los $5,5 millones de aporte individual exigido por el Fondo de Vivienda del Meta (Fovim) y aún así recibieron las casas.

La Contraloría en su momento concluyó que se ocasionó un presunto detrimento al patrimonio del departamento por 200 millones de pesos.

Los investigados denuncian al ex contralor departamental Jaime Rodríguez Arias por el protagonismo que quiso con esta investigación la cual no prosperó ni en la Contraloría ni en la Fiscalía.