Organizaciones sociales en Antioquia rechazaron las modificaciones a la JEP

Indignados se sienten los miembros de las organizaciones de víctimas y derechos humanos con los cambios sustanciales que incorporó la Plenaria del Senado a los requisitos para los magistrados de las Salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En el articulado quedó explícito que no podrán integrarlas las personas que en los cinco años anteriores hayan sido defensores de derechos humanos o hayan representado demandas contra el Estado.

Lo que rechazan tajantemente  estas organizaciones sociales en Antioquia, porque ya un comité de escogencia había hecho un trabajo juicioso en busca de esclarecer la verdad con los magistrados que fueron elegidos.

De acuerdo con Martha Soto, secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), con estas modificaciones no sólo inhabilitan a los defensores sino que también los criminalizan.



Las organizaciones de derechos humanos están a la espera de que la revisión de la Corte Constitucional no acepte las modificaciones hechas por el Senado de la República y se mantenga la Jurisdicción Especial para la Paz como se acordó.