Polémica por desalojo de predios en donde reside comunidad indígena en Cartagena

Cuatro familias indígenas de la comunidad Zenú, que se encuentran asentadas en la vereda Membrillal, fueron desalojadas de sus viviendas como parte de un procedimiento requerido por un Juez en Cartagena.

La diligencia fue adelantada por personal de la Alcaldía de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía con el acompañamiento del Escuadrón Móvil Antiditurbios (Esmad), de la Policía Metropolitana.

El procedimiento, que debió ser suspendido, se debe a que al parecer, el cabildo habría incumplido con el pago del arriendo de la Finca San Isidro, donde son inquilinos.

Leovigildo Castillo Suárez, capitán de la Comunidad Indígena de Membrillal, aseguró que el no pago se debe a que el propietario del terreno, con quien habían llegado previamente a un acuerdo en cuanto a la permanencia en el lugar, vendió las tierras sin informarles de dicha decisión, la cual considera que convierte en un nuevo desplazamiento para esta población, que debieron salir de sus lugares de origen por culpa de la violencia.

"La Comunidad Indígena del pueblo Zenú en Membrillal estamos en minga por defensa del territorio y violación de nuestros derechos como pueblo ancestral", expresó.

Manifestó que el desalojo se constituye en una amenaza para esta comunidad indígena. Sostiene que son más de nueve años los que llevan en ese territorio, el cual ocupan a partir de un contrato de arrendamiento que venían cumpliendo y que ante estas nuevas condiciones, peligra el cabildo y de las más de 50 familias que lo conforman.

"Las familias que han sido desalojadas, que les tumbaron sus viviendas, han tenido sus camas y todas sus cosas afuera y las lluvias que han caído han perjudicado a las familias. Esto es gravísimo en materia de derecho internacional que un pueblo indígena, donde se ha venido con desplazamiento y hoy nos quieren hacer otro desplazamiento", dijo.

Y agregó: "El cabildo indígena no será desplazado. Sus derechos integrales y constitucionales serán respetados hasta que lleguen las autoridades competentes y puedan tener un diálogo permanente con nosotros y se pueda solucionar este problema".

Denuncia además Castillo Suárez que el procedimiento no fue pacífico. "Maltrato físico por parte de las autoridades del Esmad y tenemos pruebas de esas violaciones y estaremos realizando denuncias públicas por estas actuaciones", apuntó.

Otra opinión muy distinta tiene la alcaldesa menor Patricia Zapata Negrete, quien indicó que la acción se ejecuta en cumplimiento a una decisión judicial y que para efectuar la misma se conformó un equipo interdisciplinario para que la diligencia generara el menor impacto posible.

"Yo lo que estoy haciendo es dando cumplimiento a una decisión judicial, porque de no hacerlo sería investigada. Fue una diligencia pacífica en donde llevamos trabajadores sociales, y se les dijo que tenían que salir voluntariamente, no se usó la fuerza, en ningún momento hubo atropello", expresó.

Indicó que hace un año, tras una reunión que se celebró en el mismo cabildo, se abordó el tema de la compra del terreno. Sin embargo, manifestó la funcionaria que las partes no llegaron a un acuerdo frente al tema y que por tanto, el propietario de las tierras está solicitando que le sea restituido su bien.

"Ellos venían hablando eso con los dueños del bien, se sentaron, informaron, tuvieron unos plazos. Desde hace mucho tiempo vienen en ese proceso y ellos debieron durante el proceso presentar sus pruebas", recalcó.

Rafael Escallón Miranda, presidente de la organización Roztro y quien rechazó el desalojo del que vienen siendo objeto esta comunidad indígena, manifestó que "el procedimiento del juez los toma por sorpresa y lo que queremos es mirar cómo se puede solucionar esta situación y que los niños y niñas que viven en el cabildo no sean desalojados de esa manera tan cruel".

De acuerdo con la autoridad que hace efectiva la orden de desalojo, informó que las diligencias serán reanudadas este 9 de agosto.

Se debe garantizar la permanencia en el territorio: FEM

La Fundación por la Educación Multidimensional (FEM), a través de un comunicado, pidió a las autoridades que en cumplimiento a la orden de desalojo, se garanticen los derechos de las familias que conforman el cabildo indígena Zenú.

La ong consideró que es necesario "garantizar la permanencia territorial del grupo étnico, su tranquilidad y su calidad de vida, como corresponde al ente territorial", al tiempo que exigió que "la no utilización de mecanismos violentos de disuación, como el Esmad y las detenciones", recordando que el que el Cabildo Menor Indígena de Membrillal, está registrado como grupo indígena Zenú ante el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Cartagena.