Registraduría autoriza recolección de firmas para ‘tumbar’ peajes de Cartagena

La Registraduría Nacional autorizó la recolección de las firmas correspondientes para llevar a cabo una consulta popular que indague a los cartageneros sobre su aprobación a la continuidad de los peajes internos.

Cesareo Buj, voceros de la iniciativa, manifestó que la permanencia de esas casetas atenta contra los bolsillos de los cartageneros.

“A través de la resolución ya se aprobó la recolección de firmas para erradicar los peajes dentro de la ciudad, y además de eso estaríamos combatiendo el abuso de tantos cobros, de tanto descuido en las vías y podríamos reclamar el derecho de los cartageneros para no seguir pagando más peajes” dijo Buj

Oscar Bonilla, líder de la iniciativa, apuntó que esperan recaudar unas 150 mil firmas para dar vía libre a la consulta popular, que confían acabará con los peajes internos, “eso tendría que ser una pregunta fácil y sencilla. Yo no creo que nadie va a decir que quiere pagar peaje, y en ese caso se eliminarían los peajes del área metropolitana de Cartagena, unos cuatro peajes”

El contrato para el cobro de los peajes internos en esta ciudad, que tiene la Concesión Vial Cartagena de Indias, ha sido objeto de críticas, cuestionamientos e investigaciones. Recientemente la Contraloría Distrital halló que ese operador privado ya había recuperado su inversión y no debería seguir cobrando. Por esta situación, varias manifestaciones se han adelantado en las calles de la ciudad para rechazar los peajes internos.

¿Qué pasa con los peajes internos de Cartagena?

 A mediados de junio se conoció un informe definitivo de la Contraloría Distrital sobre el contrato del corredor de carga, suscrito entre la Alcaldía y la Concesión Vial de Cartagena, que dejó en evidencia que mencionado contrato venció el 20 de enero de 2017 y que estaría ocasionando un presunto detrimento patrimonial al distrito, porque el operador privado ya obtuvo las ganancias previstas.

Tras conocer el informe, Carlos Carmona, director del Departamento de Valorización, inició los estudios que permitieran la, eventual liquidación del contrato suscrito en 1998, “un proceso que busca revisar el estado en que se encuentra la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los gastos e inversiones realizadas por el concesionario y los ingresos percibidos por cobros de valorización y peajes”

Exigen respuestas

La revelación del ente de control provocó que el concejo y personería le exigieran respuestas a la alcaldía. William Matson, el personero distrital, dijo que le preocupaba ese hallazgo porque podría estar afectando a los cartageneros, “Me preocupa mucho que se esté diciendo que los cartageneros están pagando unos peajes que no deberían pagar. En el eventual caso, hay que pedir que le liquide ese contrato”

Por ese mismo informe, ciudadanos indignados salieron a las calles y pidieron la liquidación de contrato de concesión. Fibian García, del movimiento Cartagena sin Peajes, dijo que el Distrito debía recuperar el control de sus vías, “el Distrito debe estudiar cuanto antes la liquidación del contrato con la Concesión Vial y de una vez por todas recuperar las vías porque la carga no pueden seguir asumiéndola los usuarios de la vía”

Un análisis de Cedetrabajo y Justicia Tributaria propuso que la alcaldía debe asumir directamente el contrato, lo que le generaría ingresos para invertir en la infraestructura vial de los 22 barrios de la zona influencia. Leonardo Jiménez, coordinador del Cedetrabajo Cartagena, añadió que esa concesión no había sido benéfica para la ciudad.

Concesión Vial desacredita informe

Las dudas obligaron a los concejales a citar a René Osorio, representante legal de la Concesión, para que respondiera las inquietudes de los cabildantes, que el organismo de control desconoce el modelo financiero y denunció públicamente que uno de los auditores de organismos de control, que participó en la elaboración del informe, lo buscó para pactos fraudulentos.

“El señor Eduardo del Río me abordó a expresarme que a ellos (los auditores) le había hecho conejo, que a ellos le habían pedido que estructuraran un informe y que armaran una auditoría con esas condiciones, para estructurar un informe con esos hallazgos. Teníamos que entregarle 250 millones de pesos para ellos repartírsela, como una cuota inicial por el pacto fraudulento” dijo Osorio.