Extinción de dominio a bienes de José Leonidas Osorio en Risaralda
3 Mayo 2016 - 12:06 pm
La Policía Metropolitana de Pereira efectuó la extinción de dominio a los bienes de José Leonidas Osorio Soto, hacendado que figura en los cuadros del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas y quien según la autoridades hace parte de la lista de más de 150 empresas, comerciantes y empresarios, que están siendo investigados por financiar las estructuras paramilitares en diferentes regiones del país.
El procedimiento judicial se realizó en siete predios rurales ubicados diferentes municipios del Eje Cafetero, avaluados en más de 7.500 millones de pesos, entre los cuales se encuentran haciendas, lotes y bienes que según las autoridades fueron utilizados para la ejecución de actividades ilícitas.
"Se logró la ocupación de varios inmuebles, los cuales a través de un proceso adelantado en conjunto con la Fiscalía especializada y la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio se logró la ocupación de 7 predios rurales", destacó el coronel Jaime Alberto Escobar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.
La investigación para el proceso de extinción de dominio duró cerca de 12 meses, procedimiento que según el comandante de la Policía Metropolitana se practicó sobre uno de los presuntos integrantes más importantes de la estructura paramilitar conocida como el Cacique Pipintá.
"Actualmente se le investiga por estar vinculado directamente con el comandante Jonathan y el Cacique Pipintá", explicó el coronel Escobar y precisó que "Alías Leonidas, como era conocido en la estructura criminal, había sido capturado en el año 2013 en Puerto Salgar y era el encargado del sostenimiento económico de la organización y entrenamiento de los hombres dentro de sus propiedades".
La banda criminal 'Cacique Pipintá' tuvo su accionar delictivo en una zona del Eje Cafetero con incidencia directa en los municipios de Santuario y Belén de Umbría en Risaralda y Aranzazu y Salamina en Caldas, donde los civiles fueron sus principales víctimas.
Osorio Soto hace parte de la lista de más de 150 empresas, comerciantes, empresarios y hacendados que están siendo investigados por financiar las estructuras de las autodefensas en diferentes regiones del país, cuyos predios de su propiedad harán parte de los procesos de reparación de las víctimas.