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Víctimas celebran condena del CIDH al Estado por asesinato de líderes en comuna 13

Alcaldía Medellín





El Comité de Derechos Humanos de la Comuna 13 de Medellín calificó de "gratificante" el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado por el asesinato de Ana Teresa Yarce y la detención ilegal de mujeres líderes en esta zona de la ciudad.

En diálogo con RCN Radio, el director del Comité, James Zuluaga, exigió a los mandatarios locales y nacionales que pidan perdón a las víctimas por los abusos ocurridos en las operaciones Mariscal y Orión, en 2002, que buscaban combatir a las milicias urbanas de la comuna 13.

"A Luis Pérez, quien era el alcalde de Medellín; a Álvaro Uribe, el presidente de la República; y al actual mandatario, Juan Manuel Sanos, quien era el ministro de Defensa, les pedimos que vengan y pidan disculpas públicas por lo que hicieron. Acabaron con los habitantes y los líderes de esta zona de la capital antioqueña", señaló.

El líder de las víctimas advirtió que en los últimos 14 años en la Comuna 13 han desaparecido al menos 300 personas, quienes estarían enterradas en La Escombrera, sin que hasta ahora se haya recuperado los restos.

"Hay un reporte de cerca de 300 desaparecidos. Hemos tenido personas detenidas injustamente y una gran cantidad de homicidios que es alarmante. Somos la comuna con mayor número de falsos positivos y con la fosa común urbana más grande del país, pero no se buscan a los desaparecidos", puntualizó.

El año pasado 38 personas fueron asesinadas en la Comuna 13 de Medellín, ocho casos más, lo que representa un incremento del 27 por ciento. Este año no se ha reportado ninguna muerte violenta en esta zona. (Puede leer: CIDH condenó al Estado por asesinato y detención ilegal de mujeres líderes en la Comuna 13)

Condena de la CIDH

Esta condena se refiere al caso de cinco defensoras de Derechos Humanos que fueron señaladas como colaboradoras de la guerrilla, situación por la que fueron detenidas y liberadas nueve días después sin una prueba suficiente de su presunta colaboración.

En el 2004 Ana Teresa Yarce fue asesinada. De acuerdo con el organismo internacional, a pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar su vida.

La Corte IDH indicó que las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia, frente a lo que el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro.