Corte Constitucional ordena suspender ingreso de reclusos a cárcel de Valledupar por falta de agua

La Corte Constitucional ordenó al Inpec prohibir el ingreso de nuevos internos a la cárcel de Valledupar hasta que haya el suministro óptimo de agua en ese centro de reclusión, para no seguir vulnerando los derechos fundamentales de quienes están privados de la libertad.

Para ello el alto tribunal otorgó un término máximo de 6 meses para que se realicen todas las acciones correspondientes para que los internos cuenten con el líquido de forma constante y para sus necesidades básicas.

La Corte Constitucional de igual forma impartió una serie de órdenes encaminadas a diseñar planes de contingencia que permitan a estas personas obtener el líquido, así sea por horas, para que sus derechos no sigan siendo vulnerados.

“Por lo tanto, deberán estudiarse estrategias que por un lado garanticen que no exista un solo interno al interior del penal que no cuente con una cantidad de agua básica para satisfacer sus necesidades de aseo y consumo, y por otro, que evite el desperdicio del mismo”, señala la sentencia.

Dentro de la sentencia, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, también hubo una serie de observaciones encaminadas a que no realicen actos por parte de los guardas del Inpec contra los internos que se constituyan en conductas “que puedan ser catalogadas como tortura o penas y tratos crueles inhumanos y degradantes”.

Asimismo ordenó al Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo y Ong que realicen, a través de una visita presidida por un juez de la República, las verificaciones para que garanticen los derechos humanos de los internos y las condiciones dignas de los mismos.

“Si de la visita mencionada se concluye que es necesario cerrar el establecimiento penitenciario, las directivas del mismo tendrán ocho (8) días para diseñar un plan de evacuación”, advierte la Corte Constitucional.

En su sentencia el alto tribunal advirtió que tras el eventual cierre de esta cárcel, hay que dar prioridad a los internos de la tercera edad y quienes presenten enfermedades terminales y de alto costo y la población discapacitada.