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A interrogatorio 618 personas por inscripción irregular de cédulas

"Para poder inscribir una cédula la persona tiene que jurar bajo la gravedad del juramento que cumple con los requisitos": Vicefiscal.



La Fiscalía General citó a interrogatorio a un total de 618 personas por presunta inscripción irregular de cédulas y falso testimonio con las cual se pretendía cometer trasteo de votos para las próximas elecciones de octubre de alcaldes y gobernadores en el país.

El anuncio lo realizó el vicefiscal general, Jorge Fernanando Perdomo, quien indicó que esta es la primera decisión que se adopta como alerta teniendo en cuenta que estos son delitos electorales que se pueden cometer con anterioridad a los próximos comicios. Lea: Sergio Araújo denunciará por injuria y calumnia al investigador Ariel Ávila

"Quien no tiene ningún tipo de relación con un municipio no puede irse por allá a hacer favores electorales o a incidir políticamente en los movimientos democráticos de esos municipios", dijo Perdomo.

"También  se pude cometer el delito de falsos testimonio porque para poder inscribir una cédula la persona tiene que jurar bajo la gravedad del juramento que cumple con los requisitos que están en el código electoral", explicó el Vicefiscal.

Asimismo reportó que los departamentos donde mayores delitos electorales se han presentado son los departamentos de Atlántico, Santander, Bolívar, Guajira y Meta. Lea También: Hay 140 candidatos cuestionados en 8 departamentos

"De manera que los colombianos tienen que saber que ir a inscribir una cédula para hacer un favor político puede traducirse en la comisión de un delito", agregó.

El vicefiscal dijo que el objetivo con este llamado a interrogatorio masivo es establecer cuáles son las estructuras políticas delincuenciales que están valiéndose de las necesidades de muchos de estos ciudadanos, les ofrecen toda clase de dádivas con el objetivo de cometer trasteo de votos.

Perdomo señaló que estos interrogatorios también le permitirán a la Fiscalía avanzar en la posible comisión y otros delitos como trashumancia y financiación irregular de campañas políticas.

Agregó que ante la gravedad de los hechos los ciudadanos que en estos casos sean hallados responsables, se podrían enfrentar a una eventual pena de hasta 12 años de prisión.