Advierten a la Procuraduría contratos irregulares para vigilancia electrónica de presos

La Red de Veedurías Ciudadana radicó una queja ante la Procuraduría General de la Nación para que inicie las acciones que le corresponda frente a las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la contratación de brazaletes electrónicos de más de 5 mil presos en el país.

De acuerdo con el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, es indispensable que la Procuraduría determine las irregularidades relacionadas con el proceso de contratación que adelanta la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios que tiene a cargo la vigilancia electrónica de los presos por 78 mil millones de pesos.

Dentro de las irregularidades señaladas en el documento radicado "se advierte el incremento injustificado del anticipo por el 45% del contrato, cerca de $35 mil millones -el cual hace un mes era del 30%-".

Asimismo el denunciante advierte que si bien el contrato actual se termina el próximo 28 de febrero, no se tiene conocimiento de la adjudicación de la continuidad del contrato y por lo tanto estaría en riesgo la vigilancia de por lo menos 5 mil presos en todo el país que deben tener vigilancia electrónica.

"Las cerca de 5 mil personas privadas de la libertad domiciliariamente a partir del 28 están en una situación incierta y estarían sin control en todo el país", señaló Bustos.

Con esta petición enviada por la Red de Veedurías, la Procuraduría iniciará las indagaciones preliminares sobre estos hechos y que según se pudo establecer, el Ministerio Público ha adelantado gestiones para pedir información sobre los procesos de contratación que adelanta la Uspec.