Condenan a la Nación a pagar $2.500 millones por caso de "falsos positivos"

El Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y Ejército Nacional, a pagar más de 2.500 millones de pesos a los familiares de tres jóvenes de Cali que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate en la vereda Porterrillos (Tolima) el 28 de febrero de 2008.

El alto tribunal determinó que los jóvenes fueron llevado a la zona mediante engaños por un desmovilizado del ELN a hacienda ´Los Mangos’ para desenterrar una guaca. Cuando llegaron al lugar, los esperaban miembros del Batallón CR. Jaime Rooke del Ejército Nacional, quienes los atacaron con armas de fuego.

“Les dieron muerte y los presentaron como integrantes de grupos del crimen organizado sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño del inmueble”, precisa uno de los apartes de la sentencia emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

A pesar que los militares adujeron que en el lugar de los hechos se había presentado un enfrentamiento con estos jóvenes, el Consejo de Estado concluyó que ese escenario era improbable y que las víctimas habían muerto por disparos producidos a muy corta distancia.

En el debate jurídico se comprobó que no existían pruebas para demostrar que las personas muertas hubieran estado tras el secuestro del dueño de la finca, ni que pertenecieran a grupos armados ilegales, como lo manifestó la bancada de la defensa de los organismos demandados.

Por estos hechos, se ordenó reparar materialmente a los familiares de las víctimas de esta ejecución extrajudicial. Igualmente, se envió la sentencia a la Fiscalía, la Procuraduría General y la Justicia Penal Militar para que estudie el caso y de encontrar mérito abra las investigaciones que considere necesarias.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo ordenó la creación de cursos de formación en derechos humanos a las unidades militares, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, en el cual deberán participar el ministro de la Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y el Batallón de Infantería No 18 “CR Jaime Rooke del Tolima. Esto con el fin deberán ofrecer excusas a la comunidad del barrio ‘Los Chorros’ en Cali, donde residían estas tres personas.

El fallo también le fue enviado al relator especial para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.