Consejo de Estado condenó a la Nación por asesinato de Jaime Garzón

La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por la muerte del periodista Jaime Garzón y ordenó el pago de una millonaria indemnización a sus familiares.

Lo que trascendió de esta decisión es que hubo una falla en el servicio por parte del Estado que se constituyó en una violación de los Derechos Humanos en este caso y por ello deberá pagar más de 700 millones de pesos.

Asimismo el Consejo de Estado ordenó a la Policía Nacional, a través de su director, que en un acto público ofrezca excusas a los familiares del entonces comunicador y humorista.

La condena fue emitida contra el Estado a través del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional y al extinto DAS por su responsabilidad en este asesinato que se constituyó en un delito de lesa humanidad, en hechos ocurridos el pasado 13 de agosto de 1.999.

"Está probado que el exsubdirector de Inteligencia del DAS José Miguel Narváez y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército general Jorge Eliécer Plazas Acevedo no solo adelantaron seguimientos contra el comediante, sino que compartieron la información recolectada con el excomandante de las Autodefensas, Carlos Castaño a quien sugirieron ordenar el homicidio", señala el documento.

Para el Consejo de Estado, hubo una acción sistemática por parte de los agentes estatales y de grupos armados ilegales que tenían como blanco algunos líderes de izquierda.

"Es claro para la Sala, de acuerdo con el material probatorio recaudado, que en la época y el lugar de los hechos se presentaron actos de la más alta gravedad, en los que miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley, paramilitares, para permitir y coadyuvar la actividad delictual de estos últimos", señala la decisión.

Frente al concepto de un grave hecho contra los Derechos Humanos el Consejo de Estado argumentó que “la víctima se encontraba en situación de indefensión cuando se perpetró su ejecución y, adicionalmente, su muerte tuvo una finalidad terrorista, tal como lo estableció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de proveído del 22 de octubre de 2002”.

En esta extensa sentencia del Consejo de Estado, también fue ordenado que en dos meses tanto el comandante general del Ejército Nacional como el director general de la Policía Nacional realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares, “el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad agravada por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne se deberá citar con prudente anticipación a distintos medios de comunicación nacional”.