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Constructores criticaron al Gobierno por no respaldar proyecto que reglamenta consultas previas

La Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo fuertes reparos al Gobierno nacional por no presentar en este periodo legislativo el proyecto de ley que ponía en cintura las consultas previas requeridas por la comunidad antes de desarrollar obras viales o demás iniciativas de infraestructura y advirtió que esto repercutirá seriamente en la confianza extranjera a la hora de invertir.


La Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo fuertes reparos al Gobierno nacional por no presentar en este periodo legislativo el proyecto de ley que ponía en cintura las consultas previas requeridas por la comunidad antes de desarrollar obras viales o demás iniciativas de infraestructura y advirtió que esto repercutirá seriamente en la confianza extranjera a la hora de invertir.


Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, dijo que se trata de un asunto alarmante “toda vez que los tiempos, los costos y los procesos que giran en torno a las consultas previas desincentivan la consecución de la financiación necesaria para viabilizar las iniciativas del sector, puntualmente las del Programa de Concesiones Viales de Cuarta Generación (4G)”.


“Vamos a tener la aparición de comunidades que no están certificadas por el Ministerio del Interior y las cuales se valen de fallos de tutela para ordenar a los concesionarios a adelantar procesos de consultas previas, también hay que ver que algunos de estos fallos ordenan la suspensión de obras o las supeditan a la realización de las mencionadas consultas”, dijo Caicedo.


La Cámara de la Infraestructura manifestó que si no se controla en el tema de las consultas previas esto terminará repercutiendo en retrasos de los plazos contractuales e incertidumbre por parte de los inversionistas; algo que resaltaron sería inconveniente si se tiene en cuenta la situación fiscal actual del país.


“El derecho de negociación de las comunidades no tiene limitación alguna y, en muchas ocasiones versan sobre intereses económicos particulares o buscan suplir necesidades que el Estado no ha satisfecho (...) la ley estatutaria debe implementar un adecuado censo y registro de comunidades, un procedimiento claro y definitivo sobre las consultas, y una institucionalidad robusta que se responsabilice
de las mismas”, manifestó Caicedo Ferrer.


La CCI indicó que la adopción de reglas claras en esta materia evitará que los derechos de las comunidades “de verdad” sean manipuladas de manera perversa por intereses politiqueros, por abogados inescrupulosos o por las mafias de la corrupción, tal y como ha sucedido en el pasado reciente.