Contraloría advierte sobre agudización de la crisis carcelaria en el país

El Gobierno se encuentra muy lejos de solucionar la crisis carcelaria en el país. Así lo concluyen tres documentos realizados por la Contraloría General de la Nación, en los que se realiza un diagnóstico sobre la situación de las cárceles y los internos.

Según estos documentos, "las precarias condiciones de hacinamiento que han venido caracterizando el ámbito penitenciario y carcelario del país, las mismas que motivaron la declaratoria de estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, lejos de superarse, vienen agravándose como consecuencia de la inoperancia de las entidades encargadas de brindar servicios a las personas privadas de la libertad, así como de los encargados de ejecutar las decisiones judiciales". (Lea también: Sindicatos de Inpec afirman que resocialización no alcanza para totalidad de población carcelaria)

El organismo de control visitó un total de 26 centros penitenciarios y evidenció inconsistencias como que "el esfuerzo fiscal del Gobierno para crear nuevos cupos carcelarios está fracasando ante la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para gestionar los recursos presupuestados para su misión".

La Contraloría General de la República señala sobre este respecto que la USPEC en el 2016 no logró ejecutar el 90,5% de los $248.046 millones que le habían sido asignados para adelantar sus proyectos de inversión durante la vigencia, sumas que debieron ser constituidas como reservas de apropiación.

Como solución a su falta de operatividad, la USPEC optó por entregar a terceros la gestión contractual para adelantar las obras de construcción y adecuación de cupos a nivel nacional y mantenimiento de los establecimientos a cargo, en un contrato donde se comprometieron el 72% de las reservas presupuestales de inversión de 2016 y los recursos de los proyectos de inversión para las vigencias 2017, 2018 y 2019.

"En efecto, el contrato interadministrativo número 216144 de noviembre de 2016 suscrito con FONADE por un valor final de $426.129 millones, absorbió $149.476 millones de la vigencia 2016, lo que implicó que para el periodo evaluado, dichos recursos no tuvieran ningún resultado tangible", indicó el organismo de control.

Otro de los procesos contractuales fundamentales para la misión de la USPEC, como es el suministro de la alimentación de los establecimientos a cargo del Inpec, también fue tercerizado para la vigencia 2017, mediante la escogencia de los proveedores a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, "lo que implicó que debiera destinarse una importante porción de los recursos programados para la alimentación de la población reclusa, para cubrir costos de comisiones, operación de bolsa y Cámara de Compensación", reveló el informe.

Deficiencias en agua potable

El informe de la Contraloría también detectó serias deficiencias en las labores de supervisión por parte de la USPEC a los contratos de mantenimiento y mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y de Aguas Residuales, "pues dichas actividades no se ejecutaron de manera continua ni en el sitio de los trabajos, afectándose con ello la calidad en la ejecución de las mismas".

Las fallas encontradas llevaron a que las cárceles de Combita y Acacías emplearan agua no apta para el consumo humano, con los riesgos que tal circunstancia acarrea.

Gestión ineficaz

De otro lado, la Contraloría negó, por cuarto año consecutivo, el fenecimiento de la cuenta a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, como resultado de una gestión calificada como deficiente y una opinión con salvedades a los Estados Contables de la entidad.

Con una calificación de control interno ineficiente y un total de 49 hallazgos, de los cuales 9 tienen alcance disciplinario, uno alcance fiscal y 2 otras incidencias administrativas, la Contraloría concluyó que la USPEC no cumplió con los planes, programas y proyectos de inversión que se evaluaron en el proceso auditado, establecidos en el periodo 2016.

De igual forma, el organismo de control afirmó que las medidas alternativas a la privación de la libertad en centros de reclusión se vienen tornando en ineficientes para garantizar la comparecencia a los procesos penales.

La Contraloría hace especial énfasis en la vigilancia electrónica, en especial el uso de brazaletes, debido a que los jueces no estarían haciendo un análisis sobre las condiciones personales y profesionales de los delincuentes, a la hora de decidirse por estos mecanismos alternativos.

Fugas

Según la Contraloría, en lo que respecta a la capacidad institucional del Inpec para velar por el cumplimiento de las medidas, las estadísticas suministradas por la entidad arrojan que "lo relacionado con libertades durante el 2016, la baja por fuga correspondió a 1158 casos, equivale al 2.5% de los 47.232 liberados durante el 2016; de estos, el 74% (858) corresponden a evadidos con ocasión de detención domiciliaria, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica".