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Contraloría tendrá lista en septiembre la investigación sobre escándalo de Reficar

Foto cortesía Reficar




El contralor general, Edgardo Maya Villazón, afirmó que espera que la auditoría que se adelanta por el escándalo de Reficar concluya en septiembre.

Maya Villazón insistió en exigir a Reficar, CB&I y Foster Wheeler que entreguen "de forma oportuna" la información que les solicita la Contraloría en desarrollo de esta Actuación Especial.

Explicó que, para tener confiabilidad sobre el contenido de los contratos, la Contraloría busca el servicio de traductores autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Esta labor de traducción hace muy dispendiosa el seguimiento que debe hacerse a los contratos", señaló.

A esto se añade que en los contratos que entregan, tanto Reficar como CB&I, no se encuentra la totalidad de su contenido.

"En un universo de revisión de contratos y de costos tan grande tenemos que tener la información oportunamente y si no es así deberán proceder los procesos sancionatorios que aplica la Contraloría en estos casos, pues esta es la principal fuente para realizar el proceso auditor", anotó el contralor.

Señaló que se establecieron compromisos en relación a dicha Actuación Especial de Fiscalización por los sobrecostos en la modernización de la Refinería de Cartagena, entre ellos que no habrá necesidad de contratar ninguna compañía para entregarle al país la información que precise, con exactitud, cuál fue el costo real de la construcción de la Refinería de Cartagena".

Según explicó el contralor Maya Villazón, "la Contraloría únicamente llegaba a mirar la contabilidad. No había auditoría de resultados o financiera. No se aplicó la modalidad de auditoría integral que había que hacer".

El contralor general se ratificó en los señalamientos que hizo desde enero pasado sobre puntos claves del proceso de ampliación de Reficar, como las adiciones presupuestales, la inexperiencia de Glencore en construcción de refinerías, el gran error de aplicar la modalidad de costos reembolsables y lo que llamó el vergonzoso control gerencial que realizó Foster Wheeler.

Insistió en que "en el sector público, un contrato no se puede adicionar por más del 50% de su valor inicial. Aquí hay adiciones del 100%, del 200%, del 300%, del 500%, del 1.000%, del 2.000% del valor inicial del contrato. Ese es un aspecto que debió tenerse en cuenta y controlarse desde el comienzo".