Corte da vía libre a los programas de desarrollo territorial del acuerdo de paz

La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el decreto por medio del cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que tienen como fin recuperar social y económicamente las zonas que han sido afectadas por el conflicto armado.

Se trata del decreto ley 893, el cual es uno de los compromisos del acuerdo final firmado con las Farc, y cuya finalidad es "lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad”.

En total son 16 programadas que mejorarían la calidad de vida en 170 municipios del país, en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, entre otros.

De esa manera cumplirán 6 ejes temáticos:

1. El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales - niños y niñas, hombres y mujeres - haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto.

2. La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza.

3. El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de [los pueblos, comunidades y grupos étnicos], mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica.

4. El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo.

5. El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo.

6. Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento." (Punto 1.2.1 del Acuerdo Final).