Descubren malos manejos por más de $1.900 millones en contratación de Aguas del Cesar

La Contraloría General de la República descubrió dos hallazgos fiscales por $1.923 millones de pesos, en convenios y contratos suscritos por la empresa Aguas del Cesar, tras auditar el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, por parte de la Gobernación de ese departamento.

Según informó el organismo, "el hallazgo de mayor cuantía, por $1.124 millones en la suscripción de un contrato de consultoría para la formulación del Plan maestro de alcantarillado del municipio de Codazzi.

En este la Contraloría no encontró soportes de contratos laborales, pagos de seguridad social y gastos de administración, "lo que indica que no pudo haberse realizado la actividad propia del contrato o ejecución del mismo tal como fue planificada".

Así mismo, en el presupuesto oficial se estableció un valor de $405 millones en relación con los costos diferentes a sueldos; sin embargo, reveló el organismo, "la propuesta del contratista presenta un valor de $667.2 millones, incremento que elevó estos costos un 165%, sin justificación técnica aparente".

También, sin ninguna clase de justificación, se elevaron los costos indirectos de gastos de organización un 222%, en relación con el presupuesto oficial.

Según evidenció la Contraloría, el material de soportes contables es incompleto.

Además los salarios establecidos en dichos pagos de seguridad social tampoco corresponden a la oferta económica presentada.
El segundo hallazgo fiscal, esta vez por $799,8 millones, se dio en un contrato de consultoría para actualizar el diagnóstico del estado actual de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Como en el caso anterior, en las carpetas del contrato se estableció que no hay soportes legales tales como contratos laborales, pagos de seguridad social y gastos de administración lo que indica que no pudo haberse realizado la actividad propia del contrato o no haberse ejecutado en realidad de acuerdo a la planeación del mismo.

"Al evaluar los contratos de prestación de servicios, se determinó que la Directora de Consultoría, el profesional de apoyo social, los profesionales en Economía y Derecho, estaban vinculados por contratos de prestación de servicios y no por contrato laboral con una dedicación del 100% de la jornada durante el tiempo de vigencia del contrato (6 meses)", señala el informe.

Según esto, no se generan para el empleador las acreencias laborales descritas en el factor multiplicador. Para todos los profesionales vinculados se pactó una remuneración por hora que no guarda concordancia con la oferta.

Lo anterior, apunta la Contraloría, "evidencia una supervisión administrativa y financiera deficiente y una inversión de recursos públicos no sustentada".