En la mira de la Fiscalía otros funcionarios judiciales por corrupción en la Corte Suprema

La Fiscalía intensificó las investigaciones con el objetivo de establecer la posible responsabilidad de otros funcionarios judiciales en el escándalo de corrupción que salpicó a los expresidentes de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos con una red de alto nivel para torcer procesos en esa corporación, con anterioridad al 2017. (Lea también: Implicados en escándalo de corrupción en la Corte Suprema aseguran ser inocentes)

Para ese fin, los fiscales de la Unidad Delegada ante la Corte, que iniciaron las investigaciones contra los no aforados vinculados a este caso, tiene instrucciones de llegar hasta las últimas consecuencias en sus indagaciones. (Lea también: Fiscal pide a Corte Suprema investigar a dos senadores, un exgobernador y dos exmagistrados por corrupción)

Las primeras labores de trabajo en la Fiscalía están dirigidas contra el exfiscal Corte suprema y los abogados Luis Ignacio Lyons y Leonardo Pinilla, quiénes aparecen en las conversaciones electrónicas e interceptaciones telefónicas con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, al parecer bajo el mismo actuar criminal solicitando millonarias sumas de dinero para frenar o favorecer procesos contra aforados de competencia en la Corte Suprema.

De igual forma, los fiscales del caso intentan establecer la posible responsabilidad del expresidente de la Corte Suprema, magistrado Camilo Tarquino, quien será indagado por hechos ocurridos en su ejercicio de abogado; y de otros abogados y funcionarios que fueron muy cercanos al exfiscal jefe de Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, detenido en la cárcel de La Picota y pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos. (Gobierno pide la mayor severidad ante escándalo de corrupción en la Corte Suprema)

De acuerdo con los investigadores que conocen el expediente, supuestamente en este caso se movían recursos entre los 1.000 y los 5.000 millones de pesos para favorecer los procesos contra varios aforados constitucionales.

En el caso de los congresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y el ex gobernador Luis Alfredo Ramos, previa compulsa de copias de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia inició las indagaciones correspondientes.