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Exprocuradores alertan posible aumento de casos de corrupción si se restan facultades a la entidad

Rcn Radio consultó con exprocuradores la sentencia del Consejo de Estado que siguió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Foto Procuraduría General de la Nación



Rcn Radio consultó con exprocuradores la sentencia del Consejo de Estado que siguió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- para tumbar la destitución de la Procuraduría al exalcalde Gustavo Petro y además le pidió al Congreso ajustar la ley con el fin de que sean los jueces y no el ministerio publico quienes profieren este tipo de sanciones en casos funcionarios elegidos por voto popular.

Dicen que esas facultades no se pueden suprimir porque podrían aumentar los casos de corrupción, “uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra la corrupción y la delincuencia ha sido la sanción a funcionarios de elección popular que está contemplada en la Procuraduría. Si eso se elimina, se rompería uno de los pilares de la lucha contra la corrupción”, dijo el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta

En ese sentido, el exprocurador Jaime Bernal Cuellar señalo que “se está suprimiendo los regímenes primarios para altos funcionarios del Estado y eso es indispensable mantenerlo o fortalecerlos. Hay normas constitucionales que atribuyen competencias ciertas autoridades para sancionar disciplinariamente a los funcionarios elegidos por voto popular”.

Cuellar añadió que “las Altas Cortes no tienen un régimen disciplinario claro porque se cayó el tribunal de aforados”.

Sin embargo constitucionalistas como Juan Manuel Charry, dicen que Colombia debe seguir los tratados internacionales que rechazan las facultades de la Procuraduría para sancionar elegidos por voto popular. “A una persona no se le puede privar de sus derechos políticos para elegir o ser elegido en cargos que corresponden a la decisión del pueblo (...) solo por decisión judicial se puede sancionar y no órganos administrativos, como la Procuraduría”.

Al respecto, el Procurador, Fernando Carrillo, dijo que mantendrá su competencia para “destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular, como herramienta esencial de la lucha contra la corrupción, en momentos en que estos instrumentos no se pueden debilitar”.