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Gobierno pide a la Corte Constitucional analizar la reapertura de la cárcel de Valledupar

El ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, pidió a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de reabrir la cárcel de Vallpedupar, tras su reciente visita a este centro penitenciario de alta seguridad.

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El ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, pidió a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de reabrir la cárcel de Vallpedupar, tras su reciente visita a este centro penitenciario de alta seguridad.

“Estamos buscando unas condiciones más amables de habitabilidad. Sería muy satisfactorio que la Corte levantara esta prohibición, sería un respiro para los internos que en este momento se encuentran hacinados”, indicó Gil Botero.

La cárcel fue intervenida desde el 15 de febrero de 2015 luego de que ese alto tribunal encontrara, entre otras cosas, violaciones a los DD.HH. como insuficiencia en el suministro de agua potable para los internos. En el momento tiene tres torres que están pendientes de ser intervenidas.

Tras estas evidencias el alto tribunal decidió, mediante la sentencia T-282 de 2014, ordenar la intervención de esta cárcel.

Por su parte, el ministro añadió que siete de los pabellones de este establecimiento penitenciario ya están completamente refaccionados y cuentan con suministro de agua.

“Vamos a garantizar el suministro de tres galones de agua por recluso, por lo que aproximadamente 400 personas podrán ocupar este lugar en mejores condiciones. De la mano con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (Uspec) hemos cumplido y esperamos que en tres meses se pueda hacer uso de esta cárcel al 100%”, señaló.

Agregó que “debemos tener presente que la dignificación de los reclusos es un aspecto fundamental y que, por haber perdido la libertad, sus derechos no pueden verse afectados. Son seres dignos que merecen todo nuestro respeto y todas las posibilidades de rehabilitación y resocialización, que son los fines de la pena”.

Según cifras oficiales, el hacinamiento en las cárceles colombianas supera el 55%.