Gobierno se compromete a adoptar nuevas medidas contra la corrupción

Así lo señaló la directora de la Función Pública, Liliana Caballero, a propósito del informe de la Corporación Transparencia por Colombia en el cual se destaca que entre 2015-2016, la gran mayoría de las entidades fueron clasificadas en Riesgo Alto y Muy Alto de Corrupción.

Dentro de las acciones señala que se bancarizará totalmente el sistema de contratación con el Estado, de forma que todos los pagos a contratistas y subcontratistas y empleados, se hagan por medios bancarios y nunca en efectivo.

Asimismo, se concertará con el sector privado normas claras sobre el llamado lobby o cabildeo, con el fin de que los intereses privados no interfieran indebidamente en las decisiones del Estado.

Según el informe de Transparencia la situación más vulnerable en materia de corrupción se encuentra en el 60 por ciento de las 28 alcaldías evaluadas; el 50 por ciento de las 32 contralorías departamentales; el 40 por ciento de las gobernaciones y 19 por ciento de las entidades nacionales.

En relación con este capítulo por ejemplo, se expediría un decreto que extiende a los entes territoriales y a las personas de derecho privado que administran recursos públicos la obligación de publicar toda la información relacionada con su gasto, sin excepción, en el Portal Central de Transparencia Fiscal del Estado.

El Gobierno también hizo referencia a un paquete de medidas legislativas que contemplan una ley de protección de denunciantes, creación del registro de beneficiarios reales y una ley que reduce y condiciona los beneficios por allanamiento a cargos y que elimina la casa por cárcel para los corruptos.

Al respecto la directora de la Función Pública, Liliana Caballero, destacó que ninguna entidad del Gobierno es clasificada en el informe de Transparencia con un riesgo muy alto de corrupción.

"Entre más meritocracia menos riesgo habrá de corrupción. Me parece que lo que sucede con este informe de transparencia es que motiva la participación ciudadana (...) Todas las entidades públicas rinden cuentas", dijo Caballero.

"No es fácil para algunas entidades territoriales o alcaldías pequeñas implementar todas las políticas por escasez de personajes y de presupuesto. Todas las gobernaciones y ciudades capitales están desarrollando el estatuto anticorrupción y los municipios pequeños también tiene la obligación de suministrar información", agregó Caballero.