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Gobierno solicitó al Congreso ampliación del Fast Track por seis meses

El procedimiento legislativo especial para tramitar las leyes de paz se ampliará otros seis meses por solicitud del Gobierno Nacional al Congreso de la República.


El procedimiento legislativo especial para tramitar las leyes de paz se ampliará otros seis meses por solicitud del Gobierno Nacional al Congreso de la República.


En su primera decisión como nuevo ministro del interior, Guillermo Rivera envió una carta a las mesas directivas de Senado y Cámara solicitando que el Fast Track se extienda hasta finales de este año.


“El término de seis meses adicional se computará dentro de los periodos de sesiones del Congreso de la República, sin incluir el periodo de recese; sin embargo, el presidente de la República conserva la facultad de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, evento en el cuál se reactivaría el computo del término”, señaló.


En la misiva Rivera afirma que la discusión de las leyes de paz a través de este mecanismo es vital para sacar adelante la implementación del acuerdo de La Habana.


“A la fecha, si bien se han aprobado varias leyes de gran importancia por medio del procedimiento legislativo especial para la paz, todavía está pendiente de debate y aprobación por el Legislador un extenso listado de iniciativas normativas, igualmente necesarias para el cumplimiento del acuerdo final de paz”, manifestó.


El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, dijo que avanzarán en lo que más puedan hasta el final de la legislatura y retomarán las sesiones después del 20 de julio.


“En lo que queda esperaremos terminar las leyes importantes como la reglamentación de la JEP, las circunscripciones especiales, la prohibición del paramilitarismo y las inversiones para la paz. Los demás proyectos, como el de tierras, seguramente quedarán para después del 20 de julio”, añadió.


El Congreso espera que el Gobierno termine de radicar cuanto antes los proyectos de ley y reforma constitucional de la implementación del acuerdo de paz.